Colau pide limitar por ley el precio de los pisos de alquiler

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, propuso ayer que se limite por ley el precio del alquiler de las viviendas para evitar que se cree una nueva “burbuja inmobiliaria”. Esta regulación se tendría que hacer a partir de una ley estatal. Colau puso como ejemplo a Alemania, donde se fija un precio máximo a pagar y el resto del importe lo pone el Estado, de manera que el dueño acaba cobrando lo mismo.

Colau apuntó que la cifra a pagar por el alquiler de la vivienda no debería superar nunca el 30% de los ingresos del inquilino. La alcaldesa, que conoce perfectamente las políticas de vivienda como fundadora y militante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), denunció que ya se está produciendo una nueva burbuja inmobiliaria y criticó que las medidas de la Generalitat y del gobierno del Estado “son tímidas”, ya que sólo quieren paliar “la emergencia habitacional” que ha provocado la crisis económica pero que no quieren evitar “un nuevo ciclo especulativo”.

Para justificar esta propuesta, Colau puso sobre la mesa las últimas estadísticas sobre el precio por metro cuadrado de los pisos de alquiler de Barcelona. Desde el mes de enero hasta septiembre del 2015, el coste del alquiler ha subido un 7,4%, y ha llegado a algunas puntas de hasta el 8,8%, en barrios como el de Les Corts.

La alcaldesa lanzó la propuesta de limitar el precio del alquiler durante la presentación de 255 nuevos pisos que el Ayuntamiento de Barcelona ha conseguido de los bancos. En aplicación de la ley contra la emergencia habitacional que aprobó la Generalitat en 2015, la administración pública puede sancionar a los bancos que tengan viviendas vacías durante más de dos años. En Barcelona, según los datos de los propios bancos, existen 2.591 pisos en esta situación. Para evitar las sanciones, los bancos pueden cederlos a los ayuntamientos. Gracias a estas cesiones y a compras utilizando el derecho a tanteo que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, Colau ya ha conseguido 455 pisos.

El pasado diciembre, la Sareb ya cedió al Ayuntamiento 200 pisos para que los sumara al alquiler social. El nuevo acuerdo presentado ayer permite añadir 255 pisos más a la bolsa pública. De estas viviendas, 50 se han adquirido a partir de la cesión de CaixaBank, 131 a partir de la compra directa y 74 gracias al derecho de tanteo de que dispone el Ayuntamiento.

Barcelona ha fijado también los criterios que aplicará cuando los pisos que consigue de los bancos estén ocupados y que servirá también para las viviendas del parque público que ya estén ocupadas. Todos estos casos suman un centenar. Se regularizarán las ocupaciones que lleven más de dos años, que no hayan generado problemas entre el vecindario y siempre y cuando exista vulnerabilidad económica. Si la ocupación sólo es desde hace un año, además de todos los criterios anteriores, se tendrá que demostrar también un arraigo en el barrio como, por ejemplo, la escolarización de menores. Finalmente, se harán también regularizaciones excepcionales cuando la ocupación se haya producido en el último año, pero los servicios sociales lo pidan. Estas condiciones quieren evitar generar malestar entre los vecinos así como provocar un efecto llamada.