La Generalitat quiere endurecer el decreto de alquileres del Gobierno de Sánchez

El Govern del presidente Quim Torra trabaja en un proyecto de Ley para regular los alquileres. La norma pretende endurecer el decreto del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, porque prevé contratos de seis años en caso de propietarios particulares (el ejecutivo prevé cinco) y hasta diez si el casero es una empresa (siete, según el decreto). Además, la regulación quiere limitar las subidas de precio. Para evitar conflictos de competencias, la ley se apoyará en el Código Civil catalán.

El anuncio del Gobierno catalán, que hizo este lunes la consejera de Justicia, Ester Capella, llegó por sorpresa, solo tres días después del anuncio del decreto del Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del departamento, con todo, aseguran que en ningún caso es una respuesta a la regulación anunciada el pasado viernes, y que hace meses que en la Generalitat se trabaja en una regulación de los alquileres “exprimiendo” la legislación catalana.

De hecho, el Tribunal Constitucional dejó abierta la vía del Código Civil (que en el libro sexto habla de contratos) en una sentencia de enero de este año sobre la ley 4/2016. Esta es una de las leyes que fue recurrida por el Gobierno español y que contemplaba en una disposición final la posibilidad de que Cataluña regulara los arrendamientos urbanos: una LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) catalana. En la pasada legislatura técnicos del Govern llegaron a redactar un borrador de regulación que fue entregado al ejecutivo justo antes del referéndum del 1 de octubre de 2017. Este borrador ya remitía al Código Civil Catalán.

La consejera de Justicia aseguró que la Generalitat actúa “en el ejercicio de sus competencias propias como país” y pidió al Gobierno central que “respete las competencias propias del gobierno catalán”. Capella adelantó que su idea es que la ley entre en el Parlament a finales de año.

Sobre la regulación de los precios, Capella recordó que en ciudades como Barcelona los alquileres han subido casi un 40% en cinco años y precisó que la idea es que la ley faculte para aplicarla al departamento que tiene competencias en materia de Vivienda o bien a los Ayuntamientos.

El anuncio de una LAU catalana fue recibido con sorpresa por las entidades que trabajan para defender el derecho a la vivienda. Las organizaciones celebraron la iniciativa, pero recordaron que hace dos años ya formaron parte de un grupo de trabajo para redactar una ley catalana y aseguraron que no habían vuelto a tener noticias al respecto hasta el anuncio de la consejera ayer.

Desde el Observatorio DESC, su directora, Irene Escorihuela, apuntó que entonces no quedó claro si la Generalitat tenía competencias. “Los juristas no se ponen de acuerdo”, afirmó. Sin esconder escepticismo, Escorihuela celebró que la Generalitat relance la idea dos años después, pero lamentó no haber participado “en el debate” como entonces.

En la misma línea se expresaron desde el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). “Es interesante que se ponga de nuevo sobre la mesa la posibilidad de una LAU catalana a partir del código civil, pero no se nos ha consultado, no entendemos qué han estado haciendo estos dos años”, apuntó el portavoz del Sindicato, Jaime Palomera.

Tanto él como Lucía Delgado, de la PAH, se mostraron además extrañados de que en reuniones mantenidas en las últimas semanas con diputados de ERC y el PDeCAT, socios en el gobierno catalán, nadie les haya comentado la propuesta de impulsar de nuevo la regulación de los alquileres. Delgado, apuntó otro frente de sorpresa: y es que hasta la fecha, los diputados del PDeCAT se han mostrado reacios a regular las subidas del alquiler. La consejería de Justicia, sin embargo, está en manos de ERC.