La Generalitat quiere legislar los contratos de alquiler

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, anunció ayer en una entrevista a la agencia ACN que el Gobierno catalán impulsará una ley para ampliar los contratos de alquiler a “por lo menos” cinco años. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de ámbito estatal, fija desde 2013 la duración en tres años y la finalización de contratos sumada a la subida del precio del alquiler está obligando a muchos vecinos de grandes ciudades a marcharse de sus casas.

Preguntado por un posible conflicto de intereses con la legislación española, Calvet respondió que lo tienen de forma “permanente”. Concretamente, en materia de vivienda, dijo que el ejecutivo quiere "exprimir al máximo" las competencias "exclusivas" que tiene. Y sobre la nueva ley, aseguró que ha trasladado a su equipo el encargo para comenzar a trabajar en ella "de forma inmediata".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, señaló que el alquiler “depende de una regulación estatal” y recordó que el Congreso ha admitido a trámite una propuesta de reforma de la LAU de Unidos Podemos. "Está bien que se exploren las competencias de la Generalitat, pero el alquiler lo regula una ley estatal, la forma ágil y rápida de reformar la LAU es en el Congreso, y más ahora con un gobierno socialista", dijo y emplazó "a todos los grupos a unir esfuerzos: si nos hemos podido juntar para echar al PP lo tenemos que poder hacer para reformar la ley".

Colau y la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, presentaron ayer la exposición que muestra dos pisos piloto del proyecto APROP (Alojamientos de proximidad provisionales), viviendas de alquiler social que se construirán de forma industrial, en contenedores, en solares municipales que por ahora no tienen uso inmediato. Los dos pisos tienen 28 metros el pequeño, pensado para dos personas, y 56 el grande, pensado para una pareja con dos hijos. Colau y Ortiz destacaron la "altísima calidad" de estas viviendas modulares, de las que en 2019 habrá construidas tres promociones en Poblenou, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc, que sumarán 92 pisos. Estarán destinados tanto a solicitantes de vivienda inscritos en el registro, como a colectivos procedentes de la mesa de emergencias (desde personas que han sufrido un desahucio en estas zonas hasta refugiados o víctimas de la violencia).

Sobre el papel, los APROP son edificios provisionales, pensados para paliar de forma rápida el problema de la falta de vivienda pública y no deberían estar en cada solar más de cinco años. "Permiten la flexibilidad de aprovechar al máximo todos los solares", explicó Colau. A la pregunta de qué garantías puede dar el gobierno municipal de que no se alargará su uso más allá de los cinco años, Ortiz explicó que "el ayuntamiento se encargará de buscar alternativas: tanto en otros espacios como para las personas que los habiten, que no siempre permanecerán cinco años en estos pisos".