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Los desahucios por alquileres crecieron un 4,5% el año pasado

El total de lanzamientos desciende un 1,8% por la caída de las ejecuciones o embargos

La crisis de los desahucios por no poder pagar la hipoteca ha dejado paso en España a otra igual de cruel: los desalojos de los inquilinos que dejan de pagar los alquileres. El año pasado se registraron en España 37.285 lanzamientos de este tipo, lo que supone un incremento del 4,5% y el mayor nivel desde que se inició la recuperación económica en 2013. Los desahucios hipotecarios, sin embargo, mantienen la senda descendente, tras disminuir un 15,2% el año pasado.

Concentración de la asociación Stop Desahucios en A Coruña, en mayo.
Concentración de la asociación Stop Desahucios en A Coruña, en mayo. EFE

Los desahucios son una de las heridas más amargas de la crisis. La imagen de la policía desalojando a familias con niños, ancianos u otras personas vulnerables coparon los telediarios en los años más duros de la Gran Recesión y provocaron cierta alarma social. Fue una de las secuelas del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. El perfil de los afectados eran familias que compraron un piso con una hipoteca ofrecida por el banco y que con la crisis no pudieron pagarla.

LANZAMIENTOS TOTALES

En miles

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Ahora el panorama es otro. La subida del precio del alquiler, creando auténticas burbujas en algunos barrios de las grandes capitales, ha disparado los lanzamientos por dejar de pagar el alquiler durante uno o más meses. En el último trimestre del año pasado los desalojos de inquilinos crecieron un 27,1%, según la estadística difundida este viernes por el Consejo General del Poder Judicial.

“Durante el último trimestre del año pasado, el 63,7% de los lanzamientos fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 29,9% se derivó de ejecuciones hipotecarias y el resto a otras causas”, según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial difundido este viernes. Mientras que los desalojos por dejar de pagar la hipoteca acumulan 14 trimestres a la baja, los registrados por no pagar la renta del alquiler suman seis trimestres consecutivos al alza, según la misma estadística que arranca en el primer trimestre de 2013.

Una mirada algo más amplía permite analizar la evolución anual: las cifras revelan el creciente problema del alquiler. El año pasado se produjeron 59.671 lanzamientos judiciales en España, lo que supone un descenso del 1,8% respecto al ejercicio precedente. Este dato aparentemente positivo esconde algunos claroscuros. El primero, el descenso se produce a pesar de que los desalojos de inquilinos aumentan un 4,5% hasta alcanzar los 37.285 procedimientos. Así que el descenso total de desahucios solo se explica por la fuerte caída (15,2%) de los lanzamientos por impago de hipotecas, hasta los 18.945 procedimientos en 2018. Pero también en esta situación hay notas negativas: las ejecuciones hipotecarias, el procedimiento que inicia el banco cuando se deja de pagar la letra de la hipoteca y que es el paso previo a los desahucios, ha vuelto a crecer. “Tras 16 trimestres de reducciones interanuales, en el tercer trimestre de 2018, hubo un incremento del 14,4% en el número de ejecuciones hipotecarias. Este incremento se ha consolidado en el cuarto trimestre, con 7.049 ejecuciones, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior”, señala el Poder Judicial en un comunicado. Aunque no todas las ejecuciones hipotecarias acaban en alzamientos, la estadística parece anticipar, por tanto, un próximo aumento de los desalojos por hipotecas.

DESAHUCIOS EN ESPAÑA

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Más desalojos en Cataluña

Los datos por comunidades, reflejan que Cataluña, con el 23,4% de los lanzamientos totales en 2018, es el territorio con más problemas con la vivienda, seguida de Andalucía (16,4%) y la Comunidad Valenciana (13,5%).

El Gobierno trata de aliviar esta situación. El nuevo decreto que regula el alquiler, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, establece que el juez tiene que emitir un informe de vulnerabilidad antes de ordenar el desalojo. Si los servicios sociales de la comunidad autónoma donde se produce concluyen que existe una situación de vulnerabilidad, se aplazará el procedimiento durante un mes para buscar otro alojamiento al afectado. Además, si el propietario es una empresa el procedimiento se retrasará tres meses.

El decreto también establece que el juez tendrá que determinar la fecha y hora exacta del lanzamiento. Esta es una de las reivindicaciones de asociaciones cívicas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

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