Cataluña recupera la ley que evita los desahucios de familias vulnerables

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado la razón a las entidades que luchan por el derecho a la vivienda e impulsaron la ley 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética. La Ley, aprobada por el Parlament en verano de 2015, fue recurrida por el gobierno del expresidente Mariano Rajoy. Pero el Constitucional falló el 31 de enero desestimar el recurso en dos artículos clave del texto.

Uno, el artículo 5, que afirma que bancos o grandes tenedores no podrán desahuciar a familias que no puedan pagar la hipoteca o el alquiler, a las que tendrán que hacer un alquiler social (por lo que puedan pagar). Y dos, el artículo 7, el que obliga a los grandes propietarios a ceder a las administraciones los pisos vacíos para destinarlos a la bolsa pública de alquileres.

Las entidades que impulsaron la 24/2015 (la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Observatorio DESC o las asociaciones de vecinos) celebraron ayer la decisión del TC y exigieron a la Generalitat que vele por su cumplimiento. De hecho, durante estos tres años tanto el Gobierno catalán como los ayuntamientos catalanes han recordado en varias ocasiones que en los pocos meses de vigencia de la ley, se consiguieron parar cientos de desahucios.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado aseguró que en Cataluña se producen 55 desahucios al día y que los grandes propietarios tienen 17.000 pisos vacíos que deberán ceder. “Las mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda”, afirmaron las entidades. Solo en la ciudad de Barcelona, la lista de espera para lograr un piso de emergencia es de ocho meses.