Las entidades dan un ultimátum a Sánchez para que levante los recursos contra las leyes sociales

Sindicatos, ayuntamientos de diferentes colores, asociaciones de vecinos, colegios profesionales, entidades soberanistas y plataformas sectoriales han escenificado este miércoles en Barcelona su unidad en defensa de la ley catalana 24/2015, contra los desahucios y la pobreza energética. En una rueda de prensa conjunta en la entrada del Parlament, los promotores de la Iniciativa de Legislación Popular (ILP) que dio origen a la ley han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que retire “este mes” el recurso contra la norma que en su día presentó el PP ante el Tribunal Constitucional.

“No se entiende que a día de hoy no se haya retirado ese recurso”, ha lamentado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha participado en el acto. Tras llegar a La Moncloa, Sánchez se comprometió a estudiar retirar las acciones legales sobre varias leyes sociales aprobadas por el Parlament y que el Gobierno de Mariano Rajoy había considerado inconstitucionales. Era una de las fórmulas para intentar desescalar el conflicto con la Generalitat. Por lo pronto sólo se ha reactivado la del acceso universal a la Sanidad.

En el caso de la 24/2015, el recurso ante el Constitucional suspendió automáticamente varios artículos del apartado contra los desahucios (por ejemplo, la obligación de los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los afectados) si bien dejó incólume la parte referente a la pobreza energética. Las entidades han abogado hoy por que se levante “completamente” el recurso y el texto de la ley se quede como está. Una idea que también ha apoyado la Generalitat. Ambas Administraciones, sin embargo, no han podido tratar aún este tema en las reuniones bilaterales, que tienen muchos temas sobre la mesa.

“No tenemos ninguna herramienta efectiva para luchar contra los desahucios”, ha asegurado uno de los representantes del mundo municipalista que ha participado en el acto. En su día, el Gobierno del PP aseguró que la ley catalana, aprobada por unanimidad en el Parlament, invadía competencias del Estado en tanto incluía cambios en los mecanismos judiciales vinculados a los desahucios y en el regulación del derecho de propiedad.

Los promotores de la ILP han pedido una reunión con la ministra Meritxell Batet para intentar encontrar una solución a una ley que, cuando estuvo completamente vigente, se mostró efectiva contra los desahucios y, en parte, contra la pobreza energética. Ese texto, por ejemplo, incluía el principio de precaución, gracias al cual una empresa no puede cortar los suministros sin antes confirmar con los servicios sociales si el afectado está en situación de vulnerabilidad.

La norma, sin embargo, ha sido inútil para que las empresas suministradoras se corresponsabilicen, a fondo perdido, de pagar la factura de los pobres energéticos. El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat han fracasado estrepitosamente en hacer que las compañías suscriban los convenios que establece la ley que se escudan en que el redactado de la norma no los obliga a nada. Ninguna empresa lo ha hecho hasta la fecha.

En su día, la Generalitat intentó negociar con las eléctricas un cambio en el texto de la ley para facilitar su aplicación e intentar corresponsabilizarlas. Incluso algunas entidades promotoras de la ILP se abrieron a negociar estos cambios, aunque no exentos de dudas, en pos de lograr una mejora pero ahora se cierran en banda y niegan que se pueda cambiar la norma.