Miles de personas protestan contra los recursos del PP al Constitucional
El líder del PSC, Miquel Iceta, acude a la marcha, en la que han predominado los gritos a favor de la independencia
Miles de personas marcharon ayer por Barcelona en una protesta en apoyo a las leyes de carácter social aprobadas por el Parlament y que han sido recurridas por el PP ante el Tribunal Constitucional. El acto fue promovido por CC OO, UGT y entidades sociales. La Asamblea Nacional Catalana exhibió su capacidad de convocatoria y los gritos de “independencia” eclipsaron el resto de mensajes. Miquel Iceta, primer secretario del PSC, que también asistió a la marcha y se le vio incómodo ante las proclamas secesionistas.
La manifestación se empezó a cocinar después de que en abril el Gobierno en funciones del PP decidiera recurrir ante el Constitucional algunos artículos de la ley antidesahucios. Esta norma había surgido de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y fue aprobada por unanimidad. La decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy llevó a que se suspendieran medidas como la obligación de los bancos a ofrecer un alquiler social a los afectados por un desahucio.
La marcha fue convocada la semana pasada y la voz cantante era de los sindicatos, la confederación de asociaciones de vecinos y Òmnium Cultural. Todos los partidos, a excepción del PP y Ciudadanos, se adhirieron a la marcha, que tuvo como lema Los derechos no se suspenden: trabajo digno, derechos sociales y democracia real. Los convocantes aseguraron que la secundaron 60.000 personas. La Guardia Urbana, por su parte, rebajó el cálculo a 8.000.
Forcadell: "Vienen de afuera a suspender derechos”
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, participó en la marcha para reivindicar la legitimidad de la Cámara catalana. “No puede ser que vengan de fuera a suspender derechos que los catalanes ya han adquirido”, aseguró. En una línea similar se expresó el candidato por Esquerra a la Cortes, Gabriel Rufián: “No pediremos permiso nunca más al Estado español”.
El PP ha llevado ante el alto tribunal una veintena de leyes, algunas de ellas con carácter social y siempre argumentando que su contenido menoscaba la igualdad entre españoles. El Constitucional le ha dado la razón al Gobierno central en casos como la tregua invernal que buscaba que no se le cortara la luz y el gas a personas vulnerables.
Los convocantes resaltaron ayer la variedad de sensibilidades como la principal virtud de la marcha. El manifiesto que se leyó al final de la marcha afirmaba que “ningún Gobierno ni ningún tribunal debería de poder suspender unas leyes que nacen de los consensos de las instituciones catalanas y fruto de nuestras urgencias”. Pero, finalmente, cada participante interpretó la convocatoria como quiso y la ANC logró movilizar más gente que los propios sindicatos bajo una gran pancarta que decía Adiós TC, Desobediencia. Así, mientras las consignas oficiales pedían revertir la reforma laboral o la llamada ley mordaza, en varias ocasiones el grito dominante fue el de “independencia”.
A los representantes del PSC, entre los que estaba su primer secretario, Miquel Iceta, y el segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no se les veía cómodos, puesto que eran conscientes de que su presencia podría ser malinterpretada, a lo que han tenido que hacer frente desde que anunciaron su asistencia. Iceta descartó que los socialistas catalanes se manifestaran contra el Constitucional. “Queremos Gobiernos, leyes y tribunales para promover los derechos sociales. Hay que ampliar el foco y trabajar para sacar al PP del Gobierno el 26-J”, aseguró.
Representantes de Convergència y Unió participaron en la marcha, que pedía derogar la reforma laboral que aprobaron
Críticas a la Generalitat
La del PSC no era la única postura incómoda. Representantes de Unió y de CDC también participaron en la marcha, que pedía derogar la reforma laboral que aprobaron junto con el PP en la pasada legislatura. “Estamos al lado de las entidades y los partidos para seguir defendiendo los derechos que tienen una incidencia directa en el bienestar de los catalanes”, justificó la portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté. Pero la Generalitat tampoco se salvó de las críticas. Los promotores de la ILP para una renta garantizada han acusado a los partidos de ponerle palos en las ruedas a la propuesta. La portavoz de la Plataforma por la Vivienda Digna recordó los pocos avances en pisos sociales durante los tiempos de bonanza.
Para CC OO la suspensión de leyes para luchar contra los desahucios, la pobreza energética o la creación de nuevos impuestos “son claramente políticas”. “Los Gobiernos están para garantizar derechos, no para recortarlos”, insistió su secretario general en Cataluña, Joan Carles Gallego. Camil Ros, líder de UGT, pidió que “los derechos sociales estén por encima de los debates políticos”.
La manifestación también fue aprovechada por otras reivindicaciones. La pancarta de las Juventudes Nacionalistas de Catalunya (JNC) decía: “Tribunal Criminal”. Otros la utilizaron para rechazar el tratado de libre comercio entre EE UU y Europa.
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