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Salvados por la ley antidesahucios

María Ángeles y Manuel atestiguan la utilidad de la norma que Rajoy sopesa recurrir hoy ante el Constitucional

María Ángeles Sánchez y Manuel Navarro viven en sitios diferentes —Ripoll (Ripollès) y Palafolls (Maresme)— pero tienen dos puntos en común. Ambos han pasado su vida entre hornos y harina y, gracias a la ley catalana 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética, han podido mantener un techo y garantizar los suministros pese a su precaria situación económica. Le piden al Gobierno en funciones que no apruebe hoy su impugnación de la norma ante el Tribunal Constitucional (TC).

María Ángeles Sánchez, una de las beneficiadas por la ley catalana antidesahucios
María Ángeles Sánchez, una de las beneficiadas por la ley catalana antidesahucios

Sánchez, de 53 años, tenía una panadería en un polígono industrial en Ripoll. Hace 12 años compró un piso con su pareja, ya fallecido, y en plena burbuja inmobiliaria adquirió otro para su hijo, por unos 200.000 euros. Puso la primera residencia como aval. El mundo le sonreía como a tantas familias de clase media emergente justo antes de la crisis. Los talleres y fábricas del polígono comenzaron a bajar las persianas y los clientes de Sánchez, a irse.

“Iba tirando como podía. Dejé de pagar mi piso y me dediqué a la hipoteca de mi hijo. Me mataba el remordimiento de dejarle la deuda”, cuenta la mujer en su panadería. Hace dos años llegaron las notificaciones judiciales del proceso de desahucio instado por BBVA y comenzó el calvario. Buscó ayuda en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). “Al principio pensaba que la gente estaba peor que yo y me sentía mal. Ahora se han convertido en una familia”, explica.

“El martes llegó la carta del alquiler social. Ya no sé qué pasará”, dice María

Gracias a la asesoría de la PAH, invocando la ley 24, logró la dación en pago del piso de su hijo, aunque les queda una deuda de 5.000 euros. También le han aceptado la de su propia casa. El martes pasado le llegó una carta del banco donde le dicen que le han concedido un alquiler social de 19 euros al mes por tres años. Tiene 15 días para entregar un certificado de vulnerabilidad para hacer efectiva la ayuda. “Si hoy tumban la ley, ¿qué pasará?”, se pregunta.

En Palafolls, Manuel Navarro y su esposa cuidan de cuatro nietos y un hijo. Eran pasteleros y, tras 30 años, en diciembre decidieron cerrar. Los asfixiaban las deudas con la seguridad social, los impuesto... y la hipoteca de su casa. “Ahora vivimos de una pensión de invalidez 567 euros”, explica el hombre, de 58 años.

En febrero pasado, decidió ir a los Servicios Sociales a pedir ayuda para pagar las facturas de la luz y el agua. “Me dijeron que no me preocupara. Pero hace dos semanas Gas Natural cortó el servicio porque debía 303 euros desde diciembre”, recuerda Navarro. La familia contactó con la PAH y uno de sus activistas lo acompañó a la oficina de la suministradora.

“Tuvimos que explicarle la ley a los de Gas Natural”, dice Manuel

“Tuvimos que explicarle la ley a la señorita que nos atendió. No habían aplicado el principio de precaución”, explica Navarro. La norma establece que las empresas deben informar a los Ayuntamientos antes de hacer un corte para asegurarse de que no se trata de una familia vulnerable. “Estuvimos 51 horas sin servicio. Es muy duro explicarle a tus nietos que no puedes pagar los recibos porque no tienes con qué a pese a haber trabajado toda tu vida”, se queja el hombre.

La PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), ambas promotoras de la Iniciativa de Legislación Popular que dio origen a la ley, defienden su efectividad. “No es papel mojado: se está aplicando y funciona. ¿En qué situación va a dejar a las familias si se suspende?”, sostiene Maria Campuzano, portavoz de APE. “La ley le sienta mal a algunos gobernantes porque implica recortar los beneficios de la banca y de las suministradoras”, agrega Carlos Macías, de la PAH.

Cuantitativamente hablando es difícil determinar el impacto de la ley. La Generalitat asegura que ha evitado el corte a 32.914 clientes en el último año. Sin embargo, solo ha pagado las facturas de 3.770, para lo que dedicó 1,1 millones de euros, lo cual describe la paquidérmica deuda a la que se enfrentará el Gobierno catalán. Aún no se ha logrado que las empresas den ayudas a fondo perdido a pesar de años de conversaciones. Consumo tiene 96 denuncias por cortes indebidos. El reglamento que regula el sobreendeudamiento está en exposición pública, también a la espera de lo que pase hoy en el Consejo de Ministros. El Gobierno cree que la ley vulnera los intereses privados y que ya existe un método de cobertura, el bono social. Una ayuda que hasta Endesa critica por ineficiente.