El arzobispado pide a la fiscalía que evite desahucios de personas vulnerables

El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, da un paso más en su empeño de reclamar “cambios legales” para suspender los desahucios de personas vulnerables, además de medidas de promoción de viviendas sociales y la incentivación del alquiler social. A la severa y detallada denuncia del problema que hizo llegar por carta su vicario de Pastoral Social e Innovación, el sacerdote José Luis Segovia Bernabé, a los grupos parlamentarios, al Ministerio de Fomento, al Ayuntamiento y Comunidad de Madrid y al Defensor del Pueblo, se añade ahora la denuncia a la fiscal general del Estado, al fiscal decano de Menores y al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, exigiendo su intervención. “Asistimos a la paradoja de que, por un lado, el sistema judicial expulsa de sus hogares a personas sin alternativa habitacional y, por otro, tanto la Administración local como las entidades de intervención nos volvemos locos para paliar los estragos de una hemorragia social imparable que requiere un abordaje preventivo. El Ministerio Público no puede tolerar que haya menores en las duras noches del invierno madrileño durmiendo al raso”, les dice.

El escrito, firmado por Segovia Bernabé, está respaldado por entidades y organizaciones de la Iglesia católica como Caritas Madrid, Justicia y Paz y la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis.

“Con frecuencia, distintas entidades de intervención social hemos de dar cobertura a personas que están siendo lanzadas de sus hogares y que, en no pocos casos, cuentan con hijos e hijas menores, personas ancianas, enfermas o discapacitadas”, denuncian después de expresar la consternación que les produjo, entre otros casos, el de la mujer que, “presa de la desesperación, se arrojó por la ventana de su domicilio cuando iba a ser desahuciada” de su vivienda en la calle Ramiro II por no poder pagar el alquiler.

Hace dos semanas, el arzobispado pedía a las autoridades la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y un plan de construcción urgente de un número no inferior a 20.000 viviendas sociales, “para que el derecho a la vivienda no sea un derecho desahuciado”. Ahora, insiste ante la Fiscalía que la ausencia de suficientes viviendas sociales “impide un tratamiento preventivo de situaciones que desembocan en un incremento notable de familias que no pueden pagar los alquileres de mercado, estando abocadas a terminar en una situación de personas sin hogar por desahucio”.

“Esto se hace especialmente insoportable cuando los lanzamientos afectan a menores de edad. En templos parroquiales hemos tenido que acoger a familias con niños y niñas. Es inconcebible que en una ciudad del Primer Mundo como Madrid hayamos tenido que abrir puertas a papás y mamás con niños en brazos empapaditos y ateridos de frio porque estaban a la intemperie, ayunos de la efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada”, añade la denuncia.

Partiendo del principio de que el Ministerio Fiscal tiene encomendada “la preciosa tarea” de defender a los menores, incapaces y personas víctimas de la vulnerabilidad, el arzobispado pide, entre otra medidas, que los fiscales de turno ordenen la suspensión cautelar de la ejecución de desahucios que afecten a menores, incapaces o personas vulnerables, hasta que, a la mayor brevedad, se asegure previamente que estás personas en situación de extremada fragilidad cuenten con una alternativa residencial. “Así lo demanda el sentido común y lo exige la efectividad del conocido principio del interés superior del menor, auténtico principio rector, norma sustantiva y criterio hermenéutico, que, en otro caso, quedaría reducido a chatarra retórica. El Ministerio Público no puede tolerar que haya menores en las duras noches del invierno madrileño durmiendo al raso”.