“Pedimos que el derecho a la vivienda no sea desahuciado”

En la reforma de la curia arzobispal que produjo el cardenal Carlos Osoro destacaron el nombramiento de tres obispos auxiliares y un vicario de Pastoral Social e Innovación. Este cargo recayó en el sacerdote José Luis Segovia, doctor en Teología Pastoral, licenciado en Derecho, graduado en Ciencias Empresariales y diplomado en Criminología. Acaba de producir un documento de 2.550 palabras que es un latigazo a la conciencia de los poderes públicos. Les reclama “cambios legales” para suspender los desahucios de personas vulnerables, además de medidas de promoción de viviendas sociales y la incentivación del alquiler social. El documento llega por carta esta semana a los grupos parlamentarios, al Ministerio de Fomento, al Ayuntamiento y Comunidad de Madrid y al Defensor del Pueblo.

“Estamos consternados por el trágico suceso acaecido hace pocos días, en la calle Ramiro II, en el que una mujer, presa de la desesperación, se arrojó por la ventana de su domicilio cuando iba a ser desahuciada. Este dramático caso pone de manifiesto de forma muy cruda la realidad que están sufriendo muchas familias desahuciadas por no poder, casi siempre, pagar el alquiler de su vivienda. En conclusión, pedimos que el derecho a la vivienda no sea un derecho desahuciado. Junto con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, debe promoverse una iniciativa conjunta de las tres administraciones que coexisten en la Comunidad de Madrid para lanzar un plan de construcción urgente de un número no inferior a 20.000 viviendas sociales, que posibiliten una vida digna a los ciudadanos con empleos precarios, escasos de recursos económicas o en situación de vulnerabilidad o exclusión”, reclama el vicario episcopal.

Añade: “Hemos pasado de un modelo de producción masiva de vivienda de protección oficial a otro de liberalización del suelo, especulación y corrupción, para acabar desembarcando en el olvido flagrante del derecho a la vivienda, transformado en muchos casos a simple bien de inversión. Esto hace absolutamente imposible el acceso al ejercicio de ese derecho a la población más precarizada. En un contexto como el actual, en el que la tasa de riesgo de pobreza relativa está en su nivel más alto desde 2018, solo el 9% de los hogares bajo el umbral de la pobreza perciben una cierta recuperación de la crisis económico-financiera, o un tercio de los trabajadores no tienen ninguna expectativa de lograr la estabilidad en el empleo, la falta de garantía de este derecho constitucional constituye una precipitación grosera a vivir a la intemperie, como estamos comprobando con escándalo recientemente”.

La carta concluye con una larga relación de textos legales y declaraciones morales en que fundar la enérgica petición, entre otros la Constitución, la Ley General de Sanidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.