El Ayuntamiento de Móstoles alojará en un hostal a una familia desahuciada

El Ayuntamiento de Móstoles, formado por PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-LV, alojará "temporalmente" en un hostal a una familia desahuciada esta mañana de una vivienda en el municipio, perteneciente a la Agencia de la Vivienda Social, hasta que la Comunidad de Madrid "les dé una solución adecuada". La vivienda fue ocupada ilegalmente por esta familia a principios de 2016, según la citada agencia, y se habían negado en varios ocasiones a mantener encuentros con los Servicios Sociales.. La Policía Nacional desalojaba, a las 10.00 horas, a esta familia -con dos menores, de 5 y 4 años, a su cargo-, de la casa que ocupaban en la calle Margarita, 9, después de que, según denuncian desde Stop Desahucios, en la AVS -antiguo Ivima- "se hayan negado  a negociar un alquiler socia"l. Esta es una de los 1.977 pisos que pertenecen a la Agencia de la Vivienda Social y que se encuentran ocupadas ilegalmente en la Comunidad.

El desahucio de esta familia no ha podido finalmente ser evitado pese a que decenas de personas se han concentrado a las puertas de la vivienda para tratar de impedirlo y a los que la Policía, que tenía orden de proceder al alzamiento, ha acabado retirando uno a uno de la calle para no obstaculizar el tráfico.

El concejal de Bienestar Social y Vivienda, Gabriel Ortega (Ganar Móstoles), les ha ofrecido estancia en un hostal del municipio para impedir que estén en la calle mientras la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que es la responsable del caso, gestione una alternativa habitacional para esta familia. Esta solución temporal se produce después de que el edil de Bienestar Social y Vivienda haya mantenido tras el desahucio una reunión con la familia afectada y con miembros de Stop Desahucios, que se han movilizado a las puertas de la vivienda, en la calle Margarita 9, para tratar de paralizar el alzamiento.

"Resulta muy lamentable que un organismo como la Agencia de la Vivienda Social, que existe para proveer de vivienda pública y social a las personas vulnerables, sea la que esté ejecutando desahucios, sin atender a las características de estas familias, de las que forman parte menores", ha criticado Ortega.

Además, ha recordado que este organismo es el que "tiene la competencia y los recursos", ya que cuenta con "un stock de más de 2.000 viviendas públicas que no están empleando para resolver la grave situación de exclusión residencial de un montón de familias".

Desde el Ayuntamiento han explicado que esta familia ya acudió en junio de 2018 a los Servicios Sociales Municipales, que les ofrecieron ayuda económica y una alternativa habitacional a través del programa de acogida temporal firmado entre el Ayuntamiento de Móstoles y Cruz Roja.

Al mismo tiempo, fueron derivados a la Oficina de Derecho a la Vivienda de Móstoles, aunque desde el Consistorio afirman que "no acudieron a más citas hasta pocos días antes de la fecha de desahucio".

"En todo momento las distintas áreas y servicios municipales interlocutaron con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y también con una familiar de los afectados, pero nunca con ellos directamente, pese a que la administración solicitó hacerlo", han añadido fuentes municipales.

Estas fuentes subrayan que el desahucio es "de tipo administrativo", por lo que creen que "la familia podría haber recibido asesoría y acompañamiento por parte de los servicios sociales con el fin de evitarlo".