Los desahucios sin aviso previo se multiplican por siete en 2018 en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona denunció ayer que los tribunales dictan, cada vez más, órdenes de desahucio con “fecha abierta” lo que en la práctica permite a los Mossos expulsar a los impagados en el momento que consideren más oportuno evitando así que entidades, vecinos y activistas obstaculicen desalojos judiciales. La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, denunció que los desahucios con fecha abierta se han multiplicado por siete en el último año y aseguro que “vulneran compromisos en materia de Derechos Humanos”.

En 2017 los jueces ordenaron ocho desahucios con fecha abierta que afectaron a 13 adultos y seis menores. Una cifra que se multiplicó el pasado 2018 cuando se utilizó esta figura para 55 lanzamientos que afectaron a 111 adultos y 82 menores.

La teniente de alcalde de Derechos sociales participó ayer en una reunión en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) donde exigió, ante los representantes judiciales, que los tribunales notifiquen en una etapa inicial los procesos de desahucio para poder activar los servicios sociales con antelación.

Ortiz propuso ayer un nuevo protocolo de actuación: “Los servicios sociales del Ayuntamiento están presentes siempre que se nos notifican, pero el protocolo actual solo sirve para que nos avisen el día mismo del lanzamiento”.

El Ayuntamiento de Barcelona intervino el pasado 2018 en 1.270 procesos de lanzamiento y solo en el 20% de los casos fue notificado en una etapa inicial del proceso. En el 60% de los casos, las notificaciones fueron para realizar asistencias junto a la comitiva judicial que ejecuta la orden. “El coste por núcleo perceptor de una emergencia social una vez perdida la vivienda es de 3.336,8 euros para el Ayuntamiento. En cambio, cuando actuamos desde la prevención, el gasto para servicios sociales es de 998,2 euros para cada núcleo perceptor. Es decir, menos de una tercera parte del coste en términos económicos”, aclaró Ortiz.

La teniente de alcalde explicó que el pasado año el Consistorio contabilizó 505 desahucios en los que el Ayuntamiento actuó preventivamente y en 250 casos entregaron las llaves antes del desahucio lo que a juicio del Consistorio acredita que una intervención temprana de los servicios sociales permite un proceso calificado como “menos traumático”.

La petición de nuevo protocolo se abordará de nuevo dentro de dos meses en un nuevo encuentro entre el TSJC, el Ayuntamiento, la Generalitat, el colegio de abogados y el de procuradores. Pese a ello, Ortiz criticó que desde el TSJC ayer se manifestaron reparos a la hora de proporcionar información sobre desahucios al Consistorio.

Por su parte, los representantes del TSJC protestaron en la reunión por las dificultades con las que se encuentran las comisiones judiciales al ejecutar los desahucios. Según los datos del tribunal de los 4.880 lanzamientos señalados en Barcelona en 2018, 2.683 fueron negativos al impedirlo activistas. El TSJC justificó así los señalamientos con fecha abierta “como último recurso”. El TSJC ofreció al Consistorio, previa aprobación del Departament de Justícia, la implantación de una unidad de los servicios sociales dentro de la Ciudad de la Justicia con el fin de que los afectados por un desahucio puedan dirigirse con la suficiente antelación.

Por otro lado, Ortiz pidió un protocolo específico para ocupaciones “perniciosas”: los narcopisos. La teniente de alcalde pidió un protocolo para actuar coordinadamente y permitir así agrupar causas que permita órdenes de desalojos de pisos de un mismo edificio puedan ejecutarse conjuntamente.

Horas antes de que tuviera lugar la reunión, los Mossos desalojaron el edificio okupado conocido como el Armadillo del barrio barcelonés de Gràcia. Un edificio ocupado hace seis años donde vivían más de una decena de personas. El procedimiento judicial de desalojo se inició en 2012 y, entre mayo de 2014 y diciembre de 2018 hubo diversas suspensiones. El 19 de diciembre pasado, el juez señaló el lanzamiento con fecha abierta. El 8 de enero el Consorci de l'Habitatge que certificó que el Ayuntamiento de la capital catalana llevaba meses trabajando con las partes sin posibilidad de llegar a un acuerdo.