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Torra retira su decreto de vivienda por falta de apoyo en el Parlament

La portavoz afirma que el Govern tiene voluntad de negociar el texto para mejorarlo

El president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Presidència, Meritxell Budó. rn
El president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Presidència, Meritxell Budó. EFE

El Govern ha decidido este mediodía retirar del orden del día del pleno del Parlament que se celebra este miércoles y jueves el decreto-ley sobre vivienda al carecer de suficientes apoyos para ser convalidado en el hemiciclo. La consejera de Presidencia, Meritxell Budó, admitió que el Ejecutivo mejorará el documento para alcanzar un mayor consenso. La marcha atrás supone una nueva muestra de debilidad del gobierno de Quim Torra. El decreto fue duramente criticado por entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los comunes, con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al frente, habían exigido su retirada al esgrimir que dinamitaba el modelo de vivienda protegida además de abrir la puerta a la liberalización.

La Junta de Portavoces, a petición de Junts per Catalunya y ERC, se reunirá hoy para retirar el decreto del orden del día del Pleno. Tras el Consell Executiu, la portavoz Meritxell Budó reveló que el consejero de Territorio, Damià Calvet, propuso congelar el texto y atribuyó la decisión a la dificultad de articular acuerdos en precampaña electoral. “Lo dejaremos sobre la mesa en busca de más consenso. No se puede trabajar de manera tranquila y normalizada”, afirmó. Los decretos-ley entran en vigor cuando se publican en el Diari Oficial de la Generalitat pero tienen que ser convalidados por el Pleno en 30 días para que no sea derogados.

Freno en la licitación de la obra pública

La Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña prevé que este año la licitación de obra pública en Cataluña vuelva a frenarse tras un 2018 de estancamiento, al sumar 1.671 millones (0,9 % más). La entidad pronosticó ayer que 2019 será un año de “parón” o incluso de “freno” de la licitación por la ausencia de presupuestos en la comunidad y en el Estado. Además, explicó el presidente de la CCOC, Joaquim Llansó, no podrán contar con los encargos de los Ayuntamientos, que antes de las elecciones encargan la mayoría de obras.

El reglamento de la Cámara contempla que si los decretos son convalidados se ofrezca a los grupos tramitarlos como proyecto de ley por vía de urgencia. La semana pasada, Calvet sugirió esa fórmula para que los grupos hicieran sus aportaciones pero ni así convenció a la oposición. Susanna Segovia, portavoz de los comunes, advirtió que el decreto, aunque hubiera sido tramitado después como ley, habría seguido vigente. Y vino a decir que no se fían del ejecutivo: “Quien nos asegura que no hubieran dilatado la tramitación o que si hay elecciones anticipadas no hubiera decaído la tramitación”. Segovia insistió en que Calvet no ha querido compartir ni consensuar el decreto con entidades y ayuntamientos, y que en apenas 10 artículos modificaba más de 50 puntos de cuatro leyes vigentes: la del Derecho a la Vivienda, la de Urbanismo y las de los desahucios.

Entre otras cuestiones, el decreto planteaba una modificación radical de los actuales regímenes de vivienda protegida e introducía el precio del suelo por barrios como factor a tener en cuenta. Y preveía que la administración pagara la diferencia entre lo que al promotor le cueste construir pisos sociales en cualquier barrio (aunque sea de renta alta), y el alquiler o hipoteca que las familias adjudicatarias asuman.

El Parlament aprobó la semana pasada una moción del PSC que instó al president Torra a avanzar las elecciones o someterse a una moción de confianza. Budó rechazó que el frenazo al decreto sobre vivienda responda a la debilidad parlamentaria del independentismo y alegó que aquel texto prosperó porque diputados encausados no votaron. “Y pasó por el voto de calidad de Llarena”, alegó en alusión a los cuatro de Junts per Catalunya. Los dos de ERC sí que tienen designado su voto. Budó apuntó que el president se siente legitimado y en absoluto “moralmente obligado” a asumir la sugerencia de la oposición. Con la retirada del decreto, el Govern ha aplicado la misma estrategia que con los Presupuestos: no elevarlos a la cámara para evitar ser rechazados.

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