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El Govern incluye reglas de mercado en el precio de la vivienda social

El decreto de la Generalitat prevé que el valor se calcule en función de los costes, el valor del suelo y el barrio donde esté

Edificios de protección oficial en el barrio de la Barceloneta.
Edificios de protección oficial en el barrio de la Barceloneta.

El Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda que el Govern aprobó a comienzos de mes hace borrón y cuenta nueva en el modelo de vivienda con protección oficial. Por un lado, fija (con excepciones) la calificación permanente de los pisos sociales, para evitar perder el parque público. Pero por otro, introduce reglas de mercado en el precio de la vivienda social, que se calculará (sea venta o alquiler) en función de los costes de edificación, el valor del suelo y el barrio o municipio donde esté.

“El factor de localización que permite corregir al alza el precio de venta básico atendiendo a la demanda residencial existente en cada municipio o barrio”, afirma literalmente el texto del decreto. Fuentes del departamento de Territorio apuntan, con todo, que “una cosa es lo que diga y otra lo que se haga, es una opción”.

La lista de solicitantes caducará al año

Los cambios que introduce el decreto de medidas en materia de Vivienda de la Generalitat afectan a muchos ámbitos vinculados a la vivienda de protección oficial.

Las entidades criticaron ayer que los solicitantes de vivienda protegida deberán renovar su solicitud cada año y si no lo hacen, la petición caducará. “Es un intento de vaciar la lista (de 127.000 solicitantes), como si reducirla haga desaparecer el problema”, apuntó Guillem Domingo, del Observatorio DESC.

También cuestionaron que la calificación permanente de las futuras promociones está garantizada en suelo público, pero no en privado si se cambia el planeamiento. Y otra crítica, de la PAH, es que el decreto no resuelve “la situación de las familias que ocupan pisos de grandes tenedores que no tienen otra solución, porque no se obliga a los propietarios a hacerles un contrato de alquiler social”.

El decreto, de gran complejidad técnica, ha desconcertado quienes están vinculados a la vivienda. En solo 10 artículos y 13 disposiciones el texto modifica decenas de artículos de las leyes vigentes de Vivienda, Urbanismo y contra los Desahucios. Tanto, que los consultados (entidades, administraciones, partidos y empresas) lo ven como una Ley Ómnibus y apuntan que una modificación tan grande debería haberse tramitado como una ley independiente. La semana que viene el decreto se debatirá en el Parlament.

Los primeros en posicionarse fueron los comunes. Su portavoz en el Parlament, Susanna Segovia, aseguró la semana pasada que el decreto “liberaliza el modelo de vivienda protegida para fijar precios más altos en función de cada barrio”; “traslada la responsabilidad de atender los casos de desahucio a los Ayuntamientos” y se ha redactado “de espaldas a quien cada día da la cara en primera línea” de la emergencia.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, calificó el decreto de “muy grave”. “JuntsxCat y ERC no solo incumplen sus obligaciones en vivienda, sino que intenta desmontar políticas que hacemos en Barcelona por la puerta de atrás. ¡Vergüenza de gobierno antisocial!”, exclamó en Twitter.

También las entidades que trabajan para defender el derecho a la vivienda (PAH, Observatori DESC, Sindicato de Inquilinos o la FAVB), pusieron ayer el grito en el cielo. En síntesis, critican que el Gobierno de Quim Torra accedió a aprobar medidas como la imposición de hacer un 30% de vivienda social a los promotores, pero con el decreto ha rebajado otros aspectos. “Las entidades hemos conseguido avances y el decreto cambia el marco para que no sean efectivos” resumió la portavoz de la PAH, Lucía Delgado.

Desde la patronal de los promotores, APCE, su presidente, Lluís Marsà consideró que el decreto que “pone trabas a la promoción e introduce factores de inseguridad jurídica, porque no aclara el precio” de las futuras viviendas sociales. Marsà recordó que de las 633 viviendas de protección terminadas el año pasado solo 60 las hizo la administración.

Fuentes próximas al gobierno de Barcelona y del Área Metropolitana también consideran preocupante que el decreto no fije el precio de la futura vivienda social y se muestran convencidas de que los precios subirán. “Los pisos serán más caros en los barrios más caros, se desvirtúan las cargas de vivienda protegida que hay en el planeamiento, que son las mismas en todos lados, o el 30%, que buscaba mixtura social en cualquier barrio”.

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