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El Govern podrá expropiar pisos de bancos que lleven dos años vacíos

La Generalitat aprueba un decreto ley de medidas urgentes sobre vivienda que fija la calificación permanente de la vivienda pública

Edificios de protección oficial en el barrio de la Barceloneta.
Edificios de protección oficial en el barrio de la Barceloneta.

El gobierno del president Quim Torra ha anunciado este martes nuevas medidas en materia de vivienda después de revelar ayer que quiere alargar el plazo de los contratos de alquiler y limitar las subidas, a través del Código Civil catalán. El ejecutivo ha aprobado este martes un Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que materializa aspectos que ya habían sido anunciados, como que la calificación de los futuros pisos sociales sea permanente, que la administración solo hará vivienda protegida de alquiler o que los anuncios y contratos tendrán que citar los precios del índice oficial de alquileres.

La figura del Decreto Ley evita la larga tramitación de una ley y permite desplegar ágilmente Leyes recurridas por el PP ante el Constitucional que acaban de ser recuperadas. El Decreto Ley entrará en vigor en los próximos días cuando lo publique el DOGC y lo tendrá que convalidar el Parlament dentro de un mes.

En este sentido, el Decreto Ley incluye otra novedad: y es que, después de que el Tribunal Constitucional levantara parte de las suspensiones de las leyes sociales recurridas por el ex presidente Mariano Rajoy, recupera la expropiación de pisos de bancos o grandes tenedores que lleven más de dos años vacíos. Una posibilidad que también se contempla para pisos de edificios no acabados pero con el 80% de la obra ejecutada y que lleven más de dos años parados. Estos pisos "tendrán que inscribirse en el registro de viviendas vacías y ocupadas sin título habilitante y contra estas situaciones anómalas, se podrán imponer multas coerticivas, a parte de la posibilidad de que la Generalitat y los Ayuntamientos los puedan expropiar a precio reducido por incumplimiento de la función social de la propiedad".

El consejero de Territorio, Damià Calvet, ha explicado que la recuperación de la posibilidad de expropiar llega tras rescatar también el impuesto a empresas por tener pisos vacíos, que ha permitido a la Generalitat recaudar 18 millones de euros. Con la recuperación de la ley 24/2015 sobre probreza energética y desahucios y la 4/2016 que intentaba salvar los aspectos de mayor emergencia social, ha relatado Calvet, el Govern "le da una vuelta más y se permiten las multas coercitivas, la expropiación del uso temporal para destinar las viviendas a alquiler social y también la expropiación definitiva de las viviendas vacías que no cumplan con su función social". Además, las entidades sociales también serán beneficiarias de las expropiaciones de vivienda vacía. La función social de la vivienda la reconoció por primera vez la Ley del Derecho a la Vivienda del gobierno tripartito, en 2007.

Calvet ha defendido que con la batería de medidas que contempla el Decreto Ley "se podrá intervenir directamente o indirectamente en el mercado de la vivienda para contener los precios". Por ejemplo, la obligatoriedad de incluir los precios de alquiler del índice oficial en los anuncios de pisos, puede resultar disuasorio para propietarios que pretendan pedir precios astronómicos. O la inclusión del precio oficial en los contratos, permitirá vetar ayudas públicas a los propietarios: por ejemplo para obras de rehabilitación, lo que también puede contribuir a que pidan precios ajustados. 

El texto también exige a los Ayuntamientos con más demanda de vivienda que en dos años comiencen a redactar planes de vivienda y permite a los Ayuntamientos y la Generalitat comprar suelos mediante tanteo y retracto (compra preferente) o expropiación para destinarlos a construir vivienda de protección.

Lo que finalmente no incluye el decreto, aunque lo había anunciado el consejero Calvet, es que además de que en el futuro los pisos de protección oficial tengan esta calificación de manera permanente --para que no se puedan vender--, se alargará el periodo de protección de los actuales pisos sociales (133.000 en Catalunya) para que tarden más en poderse vender y amortizar más la inversión pública.

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