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Entidades sociales urgen a recuperar la ley de emergencia de vivienda

La PAH, la Alianza contra la pobreza energética y el Observatorio DESC reclaman a Torra que priorice esa norma en la reunión con Sánchez

Protesta de la PAH en la sede del Consorcio de Vivienda de Barcelona.
Protesta de la PAH en la sede del Consorcio de Vivienda de Barcelona.

Ante la reunión que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, mantendrán el próximo 9 de julio, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la pobreza energética y el Observatorio DESC enviaron ayer una carta al president para que pida al jefe del Ejecutivo socialista que retire “inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad” contra la ley 24/2015 de medidas de emergencia en el ámbito de la vivienda.

En la carta, las entidades recuerdan que el Gobierno de Mariano Rajoy interpuso un recurso contra norma que implicaba sobre todo a entidades financieras y grandes tenedores de pisos. Ante esa situación, se impulsó una ley alternativa, en cuya mesa de trabajo participaron las entidades sociales. Aun así, estas recuerdan que advirtieron de que “no era tan efectiva como la original”. “La prueba son los incumplimientos reiterados de la obligación de realojamiento por parte de las administraciones a que obliga la ley 24/2015 y que no se haya obtenido ninguna vivienda por la vía de la expropiación”, sostiene la carta.

Las tres asociaciones recuerdan que en Cataluña a diario hay todavía una media de 43 desahucios, el 65% de los cuales corresponden a familias que están en régimen de alquiler. Además, denuncian que “las mesas de emergencias no cumplen su función” y “acumulan casos con esperas de más de seis meses”. La misiva recuerda que solo en Barcelona hay 360 familias esperando una vivienda adjudicada hace más de nueve meses, y que el parque de pisos sociales no llega al 2% del total.

La carta recuerda que la cuestión de la vivienda y la pobreza energética —sostienen que se siguen produciendo cortes de luz y “asedios” para cobrar la deuda acumulada— es una cuestión de “vidas” que están en “juego”. Y ponen el ejemplo del vecino de Cornellà de Llobregat que, el pasado 14 de junio, se suicidó “cuando una comitiva judicial iba a desahuciarlo a petición del fondo de inversión Blackstone”. Las asociaciones recuerdan, además, que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de vivienda contó con un gran “apoyo social” —cerca de 150.000 firmas— y fue aprobada por el Parlament de Catalunya. Asimismo, también advierten de que la parte de pobreza energética de ley consiguió parar más de 39.000 cortes de luz en Cataluña, lo cual, en su opinión, demuestra “que funciona y es más necesaria que nunca”.

Por ello, las entidades piden a Torra un “compromiso público e inequívoco” con la ley 24/2015 al ser la “mejor garantía” para el derecho a la vivienda y los suministros básicos en Cataluña”, en lugar de centrarse en recuperar leyes “menos eficaces” como la 4/2016 —de protección del derecho a la viviendas de personas en riesgo de exclusión—. Por ello, reclaman al president que “haga suya con convicción” la demanda de la sociedad civil” y la traslade al presidente del Gobierno central.

En la carta, también exigen al presidente de la Generalitat que aplique “con firmeza” las medidas contra la pobreza energética que contiene la ley 24/2015. “La medida más urgente y reiteradamente incumplida es firmar convenios con las suministradoras” para que asuman la deuda de las familias vulnerables. Por último, le instan a hacer cumplir el objetivo de “solidaridad urbana” para que el parque de vivienda pública llegue al 15%. Las tres asociaciones piden una “respuesta pública” antes de la reunión con Sánchez.

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