Sánchez y Torra buscan anunciar acuerdos concretos

Diálogo es la palabra que pronuncian desde hace tres semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, que se verán el 9 de julio en La Moncloa en la que se espera que sea una reunión que vaya más allá de una foto. Es muy probable que tras el encuentro se anuncie algún acuerdo para visualizar la nueva etapa política que se ha abierto y empezar a reconducir la situación catalana, pese a que las posiciones de partida están muy alejadas.

Sánchez ha dejado claro que cualquier pacto será en el marco del Estatuto y la Constitución y que el PP y Ciudadanos escrutarán todas sus decisiones buscando “cesiones” a los independentistas. Torra, por su parte, insiste en que su objetivo es “la república catalana”. Con todo, ambas instituciones preparan con esmero el encuentro.

Sánchez ya ha lanzado algún guiño estos días al recordar, por ejemplo, que el Estatut vigente no es el que votaron los catalanes en referéndum, sino el texto que modificó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) después. El Govern está dividido entre el núcleo duro que aboga por no abandonar la unilateralidad, como reclama Carles Puigdemont y defienden consejeros como Elsa Artadi, y la vía pragmática que encarna Esquerra, a favor del pacto. Torra dejó claro en la última sesión de control en el Parlament que acude a esa primera reunión “con la voluntad de que haya una segunda y una tercera”.

“Es muy importante gestionar las expectativas y hay margen para el acuerdo”, explica uno de los negociadores socialistas. En su opinión, el camino a transitar se sustenta en dos patas: el catálogo de 45 reivindicaciones (descartada la petición de referéndum separatista) que presentó Puigdemont a Mariano Rajoy en abril de 2016 y la retirada de algunos recursos presentados en la época del PP ante el TC contra una docena de leyes aprobadas por el Parlament. Muchas de esas normas nada tienen que ver con el procés y se refieren, por ejemplo, al derecho a la vivienda o a la pobreza energética. El desestimiento del Gobierno ante el TC implicaría su aplicación automática y reforzar el autogobierno de Cataluña después de siete meses de intervención bajo el artículo 155 de la Constitución.

Las 45 reivindicaciones se refieren a cuestiones muy variadas, algunas de fácil cumplimiento, como el IVA deducible de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, y otras que requerirían una larga negociación, como el aumento progresivo de la inversión estatal en Cataluña.

En otros casos se trata de reivindicaciones compartidas por otras comunidades, como el corredor mediterráneo. Descartado ya por Pedro Sánchez el cambio del modelo de financiación autonómica, la Generalitat sí que espera que le toque una de esas “mejoras” que anunció el presidente en su primera sesión de control en el Senado el pasado día 19.

Los socialistas consideran que el Govern también ha de hacer gestos. Uno de ellos sería que los diputados independentistas se incorporasen a la comisión para el estudio del modelo territorial que impulsó el PSOE en el Congreso y que está paralizada. “Sabemos que discreparán, pero que defiendan ahí su posición”, explican fuentes socialistas. En esa misma línea se valoraría que Cataluña acudiese, por ejemplo, al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

“Lo más importante de la reunión será lo intangible”, dice uno de los negociadores del encuentro, para referirse a la necesidad de un marco de confianza tras meses de tensión. Las decisiones del Gobierno pueden ayudar a crearlo, y ninguna puede ser tan inminente como el traslado de los líderes independentistas a prisiones catalanas una vez que el magistrado Pablo Llarena dicte el auto de conclusión del sumario.