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El Govern alargará los años de protección de los 133.000 pisos sociales que hay en Cataluña

El consejero Calvet ultima el decreto para que la futura vivienda social tenga calificación permanente

Edificios de protección oficial en el barrio de la Barceloneta.
Edificios de protección oficial en el barrio de la Barceloneta.

El consejero de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, reveló este jueves algunos detalles del decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda que prepara el Gobierno catalán. El Govern confirmó lo que ya había anunciado: que en el futuro los pisos de protección oficial tendrán esta calificación de manera permanente, para que no se puedan vender. Pero además anunció que alargará el periodo de protección de los actuales pisos sociales (133.000 en Catalunya) para que tarden más en poderse vender y amortizar más la inversión pública.

Calvet intervino en un coloquio organizado por la entidad alcaldes.eu y detalló que el decreto marcará, caso por caso y mediante un reglamento, cuánto se alarga la protección en función de las ayudas públicas que recibieron los propietarios de los pisos y para evitar "plusvalías indebidas".

Desde Barcelona, el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, se mostró sorprendido en declaraciones a la Cadena SER. Montaner reconoció que el gobierno de la alcaldesa Ada Colau había solicitado que, en el futuro, el plazo de protección sea permanente, pero que no se habían atrevido a pedir cambiar las reglas del juego del parque de vivienda social ya existente. "Si se alarga la protección de los pisos actuales, nos parece una medida valiente", dijo.

Sobre el mercado privado del alquiler, Calvet descartó limitar las subidas de precio, como pide Barcelona, pero explicó que el decreto incluirá medidas para "para propiciar la moderación". Por ejemplo, que el índice de precios de alquiler del Gobierno catalán figure en los contratos, o que los propietarios tengan beneficios fiscales si se ajustan a estos precios. Unos beneficios, eso sí, en impuestos que recaudan los Ayuntamientos, como el IBI.

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