Colau persigue el fraude en las viviendas protegidas con elevadas multas

La apuesta del gobierno de la alcaldesa Ada Colau en materia de vivienda pasa por aumentar el raquítico parque de pisos sociales de alquiler, pero es una tarea a medio plazo, no se pueden sacar de debajo de las piedras. Mientras, el consistorio ha empezado a inspeccionar el parque de pisos públicos de propiedad para detectar fraude: propietarios que realquilan estos pisos o los tienen vacíos, esperando venderlos cuando acabe el plazo de protección. Por ahora, tras inspeccionar 1.500 viviendas ha abierto 13 expedientes y ha puesto dos multas que suman 180.000 euros a un propietario que alquiló su piso y lo tuvo vacío.

Un aviso a navegantes, porque las sanciones pueden llegar a 900.000 euros. "El objetivo no es recaudatorio sino recuperar la función social de estas viviendas, que no estén vacías injustificadamente y concienciar sobre lo que es tener una vivienda pública, conseguida con unas ventajas relacionadas con los fondos públicos", señaló este miércoles el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner.

El caso de las dos multas corresponde a un propietario al que en los años 90 se le adjudicó un piso público de compra en los edificios blancos que hay en la calle del Doctor Aiguader, en la Barceloneta. No solo ha pasado temporadas sin vivir allí, sino que ha tenido el piso alquilado. Por ellos, además de la multa, tendrá que devolver lo que ha ganado: 16.000 euros más. La ley no prohíbe alquilar estas viviendas, pero solo se puede hacer si lo autoriza la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que fija precios máximos.

En total, en Barcelona hay unas 16.000 viviendas de protección en régimen de compra que todavía mantienen esta condición, y el consistorio estima que 300 de estos pisos pueden estar vacíos. Entre los 1.500 inspeccionados en un año, la ratio de fraude es del 1%, pero los técnicos creen que en global podría superar el 2%.

La responsable de la Unidad de disciplina de la vivienda e inspecciones, Fuensanta Alcalà, explicó que en los 13 expedientes abiertos, los propietarios podrían ver la multa reducida si ceden sus pisos a la bolsa municipal de alquiler social. "Si ceden estos pisos se les puede condonar una parte de la sanción, en función de cómo esté calificada cada infracción", afirmó. En todos los casos son familias que no viven en los pisos, a la espera de poderlos vender. Viviendas que están repartidas por toda la ciudad: en los distritos de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Barris y en Sant Martí.

El Ayuntamiento instó a la Generalitat a inspeccionar también su parque público de pisos sociales de compra y apremió al Gobierno catalán a aprobar el decreto anunciado para que la calificación de las viviendas sea permanente y sus adjudicatarios no las puedan vender. Hace unos meses la Cadena SER reveló que solo en los últimos siete años en Cataluña 117.000 pisos que fueron públicos (de un total de 250.000) han pasado al mercado privado porque ha vencido el periodo de calificación, que suele oscilar entre 25 y 30 años.