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Colau pide a Torra que retire el decreto de vivienda que “expulsa a los pobres”

La alcaldesa acusa a la Generalitat de "deslealtad institucional" y de "dejar solos a los Ayuntamientos"

Colau, en el último pleno del mandato.
Colau, en el último pleno del mandato.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha comparecido este lunes en la solemnidad del Saló de la Ciutat para arremeter contra el Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda de la Generalitat. Un decreto que en solo diez artículos modifica o anula otros 50 artículos las leyes vigentes de urbanismo, vivienda y desahucios, y que abre la puerta a liberalizar la vivienda pública. El texto anula los actuales módulos que fijan los precios de los pisos de protección e introduce reglas de mercado en su precio, en función del barrio donde estén. Colau ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que retire el decreto antes de que en entre en el Parlament. "Exigimos la retirada inmediata del decreto que dinamita el modelo de vivienda protegida y abre la puerta a la privatización y liberalización", ha manifestado.

Colau ha sido durísima. Ha acusado al Govern de "deslealtad institucional", de "querer destruir las pocas políticas en vivienda que se están haciendo en Cataluña", de "introducir un cambio devastador del modelo de vivienda protegida", "navegar claramente a favor de intereses privados", "lavarse las manos en los desahucios y dejar solos a los Ayuntamientos". Todo ello mientras ha recordado que en Barcelona mientras el Ayuntamiento tiene en marcha 70 promociones de vivienda asequible, la Generalitat tiene solo dos. O que la inversión en pisos sociales del Govern ha caído un 50% desde 2009.

El decreto, ha valorado Colau, "liberaliza el precio de la vivienda protegida, al vincularlo a las características territoriales". "Barrio pobre, menos precio; barrio rico, más altos, potencia la segregación, es una bomba de relojería para los barrios y abre la puerta a las banlieus [los barrios de vivienda social construidos en la periferia de grandes ciudades francesas]. Si queremos mixtura no queremos que solo se puedan quedar los ricos y se expulse a los pobres".

La alcaldesa se ha mostrado convencida de que el decreto es contrario a la mixtura social que persigue la obligatoriedad de que los promotores construyan un 30% de vivienda asequible en los edificios que construyan. "Intenta minarlo, ya lo obstaculizaron retrasando meses su aprobación y ahora por la puerta de atrás buscan que pierda valor porque si vinculas los precios a rentas y barrios, en determinadas zonas los pisos solo serán para rentas medias o medias altas", ha asegurado.

Arropada por los responsables de su equipo de vivienda y urbanismo, la alcaldesa también ha criticado que el decreto "pierde la oportunidad de calificar permanentemente" todos los pisos de protección (limita esta calificación al suelo público) y "abre la puerta a privatizar suelo público", porque encarga a los Ayuntamientos que hagan inventario de sus solares y "si no tienen capacidad para promover, los suelos pasan a ser privados".

Respecto a los desahucios, la alcaldesa entiende que la Generalitat "se lava las manos y se quita cualquier responsabilidad" y "criminaliza a las familias, porque dice que no opten a vivienda protegida sino que acudan a los servicios sociales".

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