Cuatro ex altos cargos de Valdemoro niegan vínculos con Púnica

Los entresijos del Ayuntamiento de Valdemoro han vuelto a protagonizar este miércoles otra jornada en la Audiencia Nacional. El magistrado Manuel García Castellón, que instruye el caso Púnica, ha tomado declaración como imputados a cuatro ex altos cargos del Consistorio: Manuel Salguero, exconcejal de Urbanismo y ex alcalde en funciones; Juan Carlos Moreno, exinterventor municipal; y Jesús Molina, ex secretario general del pleno; y Pedro Hernández, ex jefe de servicio de Equipamientos. Todos negaron tener vínculos con Francisco Granados y David Marjaliza, considerados como los cerebros de la trama, así como haber recibido presiones o instrucciones de ellos.

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Según explican fuentes jurídicas, a lo largo de las casi tres horas que han durado los interrogatorios, los cuatro también han rechazado la tesis de que aceptaron facturas falsas en los contratos firmados con empresas adjudicatarias presuntamente implicadas en el entramado de corrupción, que sirvió supuestamente al PP de Madrid para financiarse irregularmente.

En ese sentido, los ex altos cargos han especificado que no recibieron "regalos" de la trama, ni "directrices". Y que tampoco tenían trato personal con Granados y Marjaliza. Además, han asegurado que se encargaron los informes correspondientes a los técnicos y que se actuó conforme a sus conclusiones.

Estas declaraciones se producen después de que la investigación de García Castellón los señalase como presuntos participantes "en la confección de facturas ficticias que tuvieron repercusión en el erario público". Según escribió el juez en un auto, se "obviaron" los distintos baremos previstos para las adjudicaciones. La Fiscalía Anticorrupción solicitó la citación de los cuatro.

Epicentro de la trama

Valdemoro es el epicentro de la presunta red de corrupción tejida por los populares. Granados ocupó la Alcaldía entre 1999 y 2003, antes de dar al salto al Gobierno autonómico y a la secretaría general del PP de Madrid. Dos de los sucesores en el cargo, José Miguel Moreno Torres y José Carlos Boza, también han sido imputados a lo largo del proceso judicial. Salguero —citado ayer— pasó a ejercer como alcalde en funciones en 2014, después de la detención del entonces regidor Boza. Marjaliza admitió, además, que pagó más de 200.000 euros al jefe de gabinete de Boza para que le dieran el contrato de gestión de los parquímetros.