La gran familia de Valdemoro

Esperanza Aguirre dice que no sabía nada, pero las “fechorías” de su exconsejero Francisco Granados y su red eran vox populi en Valdemoro desde hace muchos años, al menos desde que éste llegó a la alcaldía del municipio, en 1999, con el Partido Popular. Algunas comienzan a descubrirse ahora con motivo de la redada anticorrupción desarrollada esta semana por la Guardia Civil y conocida como Operación Púnica, que se ha llevado por delante en calidad de detenidos al propio Granados; al que hasta hace menos de una semana era el alcalde, José Carlos Boza; y a otro medio centenar de personas —en la Comunidad de Madrid, León, Valencia y Murcia—, entre las que se encuentran concejales, técnicos y empresarios ligados a esa población del sur madrileño.

Granados sacó a la oposición de las mesas de Contratación

La historia reciente de este pueblo de 71.600 habitantes y de su Ayuntamiento —en quiebra económica y política— se sustenta sobre lazos familiares, amistades de la infancia y favores. El resultado, aparte de una deuda de más de 100 millones de euros y un alcalde en funciones que adorna su despacho con un tricornio y una virgen del Pilar —el ex Guardia Civil Manuel Salguero—, es una enmarañada red tejida durante años desde el Consistorio con hilos finos, que conectan al gobierno municipal con técnicos, administrativos, empresarios, policías locales, guardias civiles y operarios. Todos envueltos en un silencio ensordecedor, convertido en garante de sus puestos y de sus sueldos: “Tú no sabes lo que nos jugamos aquí por hablar con quien no debemos”, resume un trabajador del Ayuntamiento que no quiere ser identificado.

Tu no sabes lo que nos jugamos por hablar, dice un técnico municipal

Un mutismo cómplice que, sin embargo, adquiría la forma de un clamor en las barras de los bares de la localidad: “Aquí nos conocemos todos y todo el mundo sabía lo que pasaba y que quien mandaba era Chirrín (como se conoce familiarmente a Granados). Siempre ha sido el puto amo, hasta el último momento”, comenta un operario con 25 años de trabajo en el Consistorio.

En los años que Granados estuvo como alcalde, antes de que Aguirre le diera el puesto de consejero de Transportes en la Comunidad y propulsase su carrera política, dejó los terrenos preparados. Durante su mandato, y aprovechando la Ley de Liberalización del Suelo de la Comunidad de 2001, se aprobó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana —a la que siguieron otras—, y quedaron recalificados como urbanizables la mayor parte de los terrenos rústicos del municipio. Sus amigos de la infancia, los constructores David Marjaliza Villaseñor y Ramiro Cid Sicluna —ambos también detenidos y pertenecientes a su pandilla, conocida en el pueblo como “los villanos”—, se encontraron así con un terreno abonado para plantar ladrillos.

Empezaron a contratar personal a dedo, dice un edil de la oposición

“En unos dos años, a base de votaciones, nos sacó a todos los representantes de la oposición de las mesas de contratación y de los tribunales de oposición”, cuenta Javier Gómez Ochoa, concejal de Izquierda Unida desde 2001. En esas mesas se valoran las ofertas de contratos de entidades y empresas con el Ayuntamiento; es decir, es donde se da técnicamente el visto bueno a las adjudicaciones de obras y servicios.

Al mismo tiempo, se comenzó a contratar a personal laboral —la retahíla de familiares, amigos, y conocidos adscritos al Ayuntamiento es extensísima— y la plantilla del Consistorio comenzó a crecer “sin que hubiese ningún tipo de concurso público para esos nuevos puestos, todo se hacía a dedo”, afirma Antonio González, fundador del grupo independiente Proyecto TUD. “Por la vía directa”, suscribe un técnico de otra concejalía, que señala que “Granados era muy hábil, manejaba muy bien tanto a la oposición como a los sindicatos”.

De unos 400 empleados municipales que se encontró Granados a su llegada, el Ayuntamiento llegó a tener 1.200 en 2008 —siempre según los datos facilitados por la oposición—, hasta el punto de que “un 60% de los aproximadamente 100 millones estimados de presupuesto municipal se iba en pagar al personal”, según las mismas fuentes. “Era una estrategia mafiosa. Sólo con los puestos de trabajo que daban se aseguraban un 15% de los votos del pueblo”, indica González.

De 546 personas, sólo 140 son funcionarios y, de esos, 99 son policías

Actualmente, debido a la política de privatizaciones de servicios —basuras, limpieza de vías, mantenimiento de edificios, alumbrado público, aparcamientos, actividades deportivas, funeraria— que siguió al ladrillazo, la plantilla consta de 546 personas, según los documentos de personal fechados en 2013 a los que tuvo acceso este periódico. Sólo 140 son funcionarios, de los que 99 son policías locales. El resto es “personal laboral”, fijo o eventual.

Un repaso a la plantilla del Ayuntamiento con los ojos de técnicos y concejales lo convierte en una gran familia, a la que unos pertenecen por contratación directa y otros por haber ido en listas del partido. Está el cuñado de Granados, Germán Alarcón Castellanos, que debía haber sustituido a Boza como alcalde tras su detención pero renunció. También declinó amablemente hacer declaraciones a este periódico. Su prima, Trinidad Castellanos, está adscrita a la Concejalía de Urbanismo.

El año pasado le dieron el alumbrado a Cofely por 60 millones de euros

En el área de Contratación están, por ejemplo, la hermana de Marjaliza, Ana Marjaliza; la cuñada del arquitecto del Ayuntamiento José Luis Navarro —también detenido—, Julia González; también está Ester Jiménez, la mujer de José Manuel Moreno, el regidor anterior a Boza.

La mujer del primo de Marjaliza —Juan Ángel Villaseñor, exconcejal de Empleo del Ayuntamiento—, y la hermana de ésta, Mari Carmen y Piedad Cornago, trabajan en Participación y Contratación, respectivamente. En la Policía Municipal está el hermano del alcalde detenido, David Boza.

La madre, la hermana y el cuñado del exconcejal de Cultura, Juan Fernando Prado, están en Hacienda, Educación y Medio Ambiente, respectivamente.

Se han construido aparcamientos e instalaciones que siguen cerrados hoy

María Dávila, exesposa de Juan Carlos Bravo, que es el Gerente de la Empresa municipal del Suelo, y el hermano de ésta, Rafael Dávila —excuñado de Bravo—, están en Participación. Y la hermana de Bravo, María Cristina Bravo Burguillo, está en Cultura y es la mujer del chófer del alcalde. La cuñada del conductor es la secretaria del alcalde…

La lista de parentescos y de relaciones entre cargos políticos —actuales y pasados— y empleados municipales es inabarcable, pero denota que el Consistorio era una especie de familia numerosa creada sobre 25 concejalías: 14 del PP, cinco del PSOE, tres de IU, una de UPyD y dos partidos independientes, uno de ellos liderado por la prima —y exconcejal— de Granados Irene Tovar Lerena, que cuando vio frustrada su aspiración a la alcaldía con las filas populares se fue rebotada y montó su propio partido, el ya mencionado Proyecto TUD, cuyas siglas significan: Transparencia, Utilidad y Distribución, y que hoy reclama que una comisión gestora asuma el consistorio.

Cuando llegó la crisis del ladrillo, en 2007, y la venta de terrenos municipales edificables dejó de nutrir las arcas del Ayuntamiento porque ya nadie —ni amigos ni enemigos— quería comprar parcelas ni construir, comenzaron las privatizaciones de los servicios públicos. En 2008, ya con las cuentas tiritando, “quisieron descargarse de gastos de personal y comenzaron a firmar contratos con empresas para que gestionaran algunos de esos servicios básicos”, explica Serafín Faraldos, portavoz del PSOE. “Pero solo engrosaron la deuda, porque no pagaban a las empresas adjudicatarias”, apostilla Gómez Ochoa.

Fue entonces cuando llegaron como agua de mayo los Planes de Pago a Proveedores del Gobierno, en 2012, que les permitieron a muchos Ayuntamientos pedir créditos a unos bancos determinados a un interés determinado. “Y así fue como se convirtió la deuda comercial en financiera”, señala Gómez Ochoa, mientras muestra las cuentas del Consistorio, donde sólo aparecen nombres de entidades bancarias. “En 2012 pedimos un crédito de 67 millones y en 2013, de 18”, asegura el edil.

Entre esas subcontrataciones figuran la limpieza y el alumbrado, que inicialmente gestionaba FCC. Hasta que hace un año, “justificándolo por razones de eficiencia energética”, según grupos de la oposición, le dieron el alumbrado a Cofely por 60 millones —en Parla, con casi el doble de población, el contrato con la misma compañía era por 50 millones—. La empresa francesa ha resultado ser clave en la trama Púnica.

También la gestión de algunas actividades deportivas se delegó. Según fuentes de la concejalía de Deportes, los cursos de natación de la piscina municipal pasaron a ser gestionados en 2009 por el Club de Natación Villa de Valdemoro, que fundó y presidía hasta hace poco Teresa Almendros, hermana de la concejal de Patrimonio Histórico y Turismo, Lourdes Almendros. “No le puedo dar información al respecto y me enteraré de quién le ha dado mi teléfono”, zanjó la llamada de este periódico Almendros. Por otra parte, las cuatro pistas de pádel municipales se cerraron y se trasladó la actividad a un club de pádel levantado en terrenos municipales en El Caracol, la misma zona donde se ubica esa mansión de 1.000 metros que supuestamente se estaba construyendo Granados en los terrenos urbanizados por la empresa de su amigo Cid Sicluna, Vías y Obras. “Los gestores del club de pádel, como los del gimnasio Supera, también construido en terrenos municipales después de cerrar el gimnasio público Pabellón Río Manzanares, se han quedado con esas actividades deportivas a cambio de pagar al consistorio un precio irrisorio, unos 1.750 euros al año por una cesión a 75 años”, explica Faraldos.

El director de Deportes, José Luis Sierra, renunció también a hacer declaraciones al respecto y la respuesta llegó vía correo electrónico desde el gabinete de prensa: “Existe un convenio de cesión con el club de natación hasta junio de 2015 para los deportistas de nivel más alto”. Sin embargo, los monitores municipales se quejan: “Se han llevado a los alumnos, casi no hacemos nada”.

Al mismo tiempo, en los últimos años se construyeron instalaciones que siguen cerradas hoy, como el parque de bomberos en 2011 (3,4 millones de euros, según los datos de la oposición) y cuya inauguración protagonizó Granados; un aparcamiento junto a la estación (cinco millones) que construyó Obrum —empresa ligada al grupo DICO de Marjaliza— que lleva cerrado dos años y que iba a ser inaugurado el 27 de octubre, el mismo día que la Guardia Civil precintó el consistorio. Una pista de hielo, que costó 12 millones de euros, cuya inauguración en 2005 costó 41.000 euros y que ha abierto y cerrado varias veces. Y otro aparcamiento subterráneo que construyó, según los datos de la oposición, otra empresa vinculada Marjaliza, y que explota otra llamada Geexpark, “en cuyo contrato se establecía”, según explican ediles de PSOE, IU y TUD, “que si a los dos años no vendían el 80% de las 380 plazas, las compraría el Ayuntamiento, lo que ha supuesto un gasto de 10 millones porque la empresa solo vendió el 15% y, cumplido el plazo, exigió el pago en los tribunales”.

El actual alcalde en funciones y edil de Urbanismo, Deportes y Transporte, Manuel Salguero, eludió también dar cuentas de esta gestión municipal, que vista desde fuera resulta esperpéntica. Desde dentro, tendrán que encontrarle sentido la Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye la causa de la Operación Púnica.