Granados dice que Aguirre le ordenó renunciar a una mansión en Valdemoro

Francisco Granados, exsecretario general del PP madrileño, ha asegurado este martes ante el juez instructor del caso Púnica de corrupción, que Esperanza Aguirre, expresidenta de la formación y de la Comunidad de Madrid, le ordenó renunciar a la compra de una mansión de mil metros cuadrados en Valdemoro, su pueblo, parte de cuya obra había realizado constructor Ramiro Cid, supuestamente a cambio de adjudicaciones públicas. Granados, en su segunda declaración ante el magistrado Manuel García-Castellón, ha manifestado que después de que el diario Público contara en febrero de 2009 que una constructora estaba levantando el chalé para Granados, que fue alcalde en Valdemoro, Esperanza Aguirre le convocó a una reunión.

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En ese encuentro, la presidenta le preguntó si tenía “mucha necesidad” de ese inmueble, que por entonces estaba en construcción. Él, que era consejero de Presidencia, contestó que no, y Aguirre le dijo que, en ese caso, sería mejor que abandonara el proyecto, según han relatado fuentes presentes en el interrogatorio. Recientemente el juez García-Castellón ha imputado a tres empresarios por ayudar a Granados a ocultar su propiedad.

Fuentes próximas a Granados niegan que la casa fuera un regalo de Cid Sicluna, y que el expolítico pretendía pagarla con un préstamo hipotecario y el beneficio de la venta del chalé familiar y de un piso que tenía de cuando era soltero, ambos en Valdemoro.

Granados ha profundizado en los argumentos exculpatorios que ya lanzó en su declaración del pasado 12 de marzo, cuando implicó a Aguirre, a su sucesor en la presidencia Ignacio González y a la actual presidenta, Cristina Cifuentes, en la caja b del PP madrileño. El principal imputado del caso Púnica, ha rechazado que las iniciales y cifras que apuntó en una libreta que le fue incautada en su domicilio en octubre de 2014, cuando fue detenido, formen parte de una contabilidad paralela, sino que corresponden a cifras de asistencia a actos públicos del PP.

Granados ha insistido en que las siglas J. E. C., que la Fiscalía ha preguntado si pudiera ser José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, corresponden a la expresión “Jornadas de Educación Concertada”. Según fuentes presentes en el interrogatorio, el juez García-Castellón ha reprochado a las fiscales que lanzaran el nombre de Entrecanales sin ningún sustento en el sumario. Sobre J. L. M, iniciales que la investigación asigna a Javier López Madrid, ex consejero de OHL, Granados ha dicho que es, en realidad, “Juntas Locales Municipales”. En el caso de L. D., que se cree que es Luis Delso, expresidente de Isolux, Granados dijo que significa “Lista de Diputados”.

En esta relación de supuestas entradas y salidas de dinero, los investigadores del Instituto armado descubrieron que Granados supuestamente se repartió con Javier López Madrid, exconsejero de la empresa OHL, 500.000 euros de una partida de 2,1 millones que la constructora había destinado para financiar las elecciones autonómicas de 2011.El exsecretario ha insistido en que esas anotaciones no son una contabilidad.

En la sesión de este martes, las fiscales Carmen García-Cerdá y Teresa Gálvez han preguntado sobre la adjudicación de obras del Metro de Madrid en la etapa en que Granados fue consejero de Transportes, y sobre el plan Prisma de obras en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. También ha sido interrogado por el empresario José Luis Huerta, dueño de Waiter Music, una firma especializada en organizar fiestas y que, entre otros encargos, recibió el de organizar las fiestas de inauguración de dos obras de ampliación del Metro de Madrid. Granados ha admitido que es amigo de Huerta, pero ha rechazado que tuviera ninguna intervención en dichas adjudicaciones o que recibiera algún regalo o dádiva de éste. La investigación apunta que el dueño de Waiter Music le regaló cuatro fiestas privadas valoradas en más de 37.000 euros.

A su salida, Granados ha manifestado que las obras se otorgaron con una “limpieza ejemplar” y que sus actividades políticas “no se van a ver enturbiadas por la declaración de este tipejo”, en relación a su antiguo amigo el constructor David Marjaliza. El exconsejero también ha asegurado que ha “aclarado las dudas” sobre su patrimonio y, en concreto, sobre sus cuentas en Suiza y el maletín con cerca de un millón de euros que la Guardia Civil localizó en un altillo en casa de sus suegros. Granados ha insistido que este último procede, precisamente, de aquellas cuentas, que se nutrieron de su trabajo anterior a que se dedicara a la política.

Esta es la cuarta vez que Granados comparece en la Audiencia Nacional para declarar como imputado en el caso Púnica. En la primera, días después de su detención en octubre de 2014, se negó a hacerlo. En diciembre de 2016 lo hizo a petición propia en una comparecencia en la que sus intentos de exculparse a toda costa pese a los indicios contra él exasperaron al entonces juez instructor de la causa, Eloy Velasco.

La tercera fue la del pasado 12 de febrero, en la que siguió situándose al margen de cualquier amaño en el tiempo que fue alcalde de Valdemoro o consejero de los ejecutivos de Esperanza Aguirre. En esa ocasión, sin embargo, sí admitió conocer la existencia de una “campaña electoral de refuerzo” para la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid supuestamente financiada con fondos de una caja b del partido. Granados -que al igual que hoy no aportó ningún documento y, en algunos casos, aseguró que conocía esos detalles por comentarios de pasillo- involucró en esas supuestas irregularidades al también expresidente Ignacio González y a su sustituta al frente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, así como a otros altos cargos del partido como la exsenadora Ana Isabel Mariño y el exconsejero Borja Sarasola.