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Trabajo cerca a las falsas cooperativas del sector cárnico

La Generalitat regulariza 105 contratos en solo seis meses, mientras que en 2017 fueron 35

Un grupo de trabajadores durante una protesta ante un matadero.
Un grupo de trabajadores durante una protesta ante un matadero.

La Generalitat ha intensificado las inspecciones en el sector cárnico, una industria en auge que en muchos casos se sustenta en relaciones laborales precarias. En solo seis meses, Trabajo ha transformado 105 contratos fraudulentos en indefinidos, mientras que en 2017 fueron 35. Desde 2014, la Generalitat ha impuesto sanciones por valor de 2,3 millones de euros, según los datos aportados recientemente en el Parlament por el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani.

En España ya hay más cabezas de cerdo que personas, una proporción que en Cataluña, uno de los motores de la industria cárnica, ya hace tiempo que se superó. El sector representa el 2% del PIB, con una producción que sitúa al cárnico como el cuarto sector productor en España: cada año se sacrifican casi 50 millones de cerdos, según los datos de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC). Mientras la industria del cerdo registra un crecimiento continuado, en los mataderos y salas de despiece las condiciones de trabajo son precarias y, muy a menudo, fraudulentas.

En estos centros es frecuente el modelo de las falsas cooperativas, empresas intermediarias que obligan a sus trabajadores a pagar una cuota como socios y a costearse la tasa del régimen de autónomos, aunque no tienen la capacidad de decisión de un cooperativista y, por su naturaleza, el trabajo que realizan corresponde al de un empleado asalariado. La mayoría de los trabajadores de estos centros son inmigrantes y provienen de colectivos vulnerables.

A principios de este año la Generalitat impulsó dos grandes inspecciones de Trabajo en las instalaciones del Grupo Jorge en la Cataluña central. Esto, según el secretario general del departamento de Trabajo, Josep Ginesta, es fruto de un esfuerzo que se remonta a 2016, cuando la Generalitat detectó la proliferación de falsos autónomos en esta industria, y a mayo de 2017, cuando se modificó la ley de cooperativas catalana para estrechar el cerco a las falsas cooperativas. “Nos dio más capacidad de sanción”, explica.

Los datos aportados por El Homrani para responder a una pregunta parlamentaria lo corroboran. En 2017 las multas al sector cárnico en Cataluña ascendieron a 670.880 euros, un 82% más que el año anterior; y solo en los seis primeros meses de 2018 las sanciones fueron de 879.765 euros. Ginesta apunta a que, si todo va según lo previsto, a finales de año las cifras serán mucho mejores: las 39 altas en la Seguridad Social que se han conseguido hasta ahora aumentarán con el resultado de una inspección en Tarragona y con el compromiso de Grupo Jorge de regularizar 1.600 puestos de trabajo.

“Somos optimistas con acabar con las falsas cooperativas, porque el concepto cae por su propio peso y porque hay un consenso para actuar compartido entre la Generalitat y el Estado, una coordinación que siguió a pesar del 155”, afirma Ginesta en referencia a la intervención de la Generalitat. El reto para las empresas, según diversas fuentes del sector, es asumir las regularizaciones y, ya sin el margen que daban las falsas cooperativas, buscar nuevos modelos de productividad.

Los sindicatos, recelosos

A pesar del cerco administrativo, algunos sindicatos muestran recelos. La razón: hace demasiado tiempo que dura el fraude de las falsas cooperativas y el abuso a los trabajadores de mataderos y salas de despiece, y las empresas nunca han sido propicias a ceder. Un ejemplo está en el último acuerdo con el Grupo Jorge, alcanzado con la mediación de la Generalitat. Solo lo firmó el sindicato CCOO, mientras que UGT salió de la mesa de negociación. Tampoco participó el sindicato COS, el que ha estado detrás de todas las huelgas. Los sindicatos ven peligrar el acuerdo por el que se regularizarían 1.600 personas, ya que una de las condiciones de la empresa era hacer ampliaciones urbanísticas para invertir en productividad, pero el Ayuntamiento de Santa Eugènia de Berga ha denegado tres permisos. El secretario de Trabajo lo defiende: “La regularización es imparable”.