Los últimos del Gallinero

Un sol de justicia cae sobre el Gallinero, un poblado chabolista que ha llegado a albergar a más de 500 personas en condiciones de pobreza extrema. Vivían entre ratas, suciedad, humedad y basura. Las infraviviendas de esta zona del distrito de Villa de Vallecas situada junto a la autovía de Valencia (A-3) se multiplicaban por decenas. Llegaban a la colina y se hacinaban.

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De las chabolas al alquiler social

Ahora la situación ha cambiado. El bullicio y el deambular de decenas y decenas de chicos se ha transformado en unas pocas familias que esperan su realojo en el próximo mes de septiembre. Después de años de espera, los moradores disfrutarán de una vivienda en alquiler social que les costará unos 65 euros de media al mes. El calor de estos días hace que los niños casi no jueguen en la calle y que las familias se guarezcan en sus infraviviendas. Ya casi no hay coches y el movimiento de personas es casi nulo.

Los rumanos que viven en esta zona se asentaron en Madrid por primera vez en el poblado de Malmea, situado detrás de unos concesionarios de coches junto a la autovía de Burgos (A-1), en el distrito de Fuencarral. De allí, pasaron al Gallinero, donde han permanecido ya sin moverse. Sus habitantes se han dedicado a la mendicidad, a recoger chatarra e incluso a la sustracción de cable de cobre. Algunas de las mayores operaciones de la Guardia Civil contra estos robos han terminado en esta zona, con despliegues de decenas y decenas de agentes.

Las promesas de que se tenía que acabar con esta zona marginal se han repetido en los últimos años. Una de las primeras visitas que hizo la entonces alcaldesa Ana Botella al acceder al cargo fue la del Gallinero. Lo hizo sin prensa y con una discreta policial para conocer de forma directa lo que lo que había en el margen derecho de la A-3, a tan solo 12 kilómetros de la Puerta del Sol. También se convirtió en una de las promesas de Manuela Carmena y de su formación Ahora Madrid.

La situación de esta zona marginal ha cambiado mucho. Según fuentes del Samur Social, en la actualidad residen menos de 50 personas cuyo desalojo definitivo está previsto para septiembre. Tan solo falta por firmar algunos convenios con entidades sociales que tutelen a estos últimos residentes. Algunos de los rumanos ya han adelantado que no piensan vivir en un piso de alquiler. A los 65 euros de alquiler, tienen que añadirles los gastos de comunidad, luz, agua y gas, por lo que la factura puede alcanzar los 200 o 300 euros. Eso supone una cantidad muy alta para ellos, que no saben si pueden afrontarla.

Varios afectados ya han dicho que no pueden sufragarlo todos los meses y que, por eso, se replantean regresar a su país. “Además, algunos de ellos no están acostumbrados a vivir en un piso”, reconocen fuentes del Samur Social. De hecho, prefieren estar juntos entre sí y ser más nómadas. El realojo supondrá que a los residentes se les asignarán casas por distintos distritos de la periferia. Se intentará evitar que sean estigmatizados en sus nuevas residencias. El Ayuntamiento se ha comprometido a que todos los menores estén escolarizados en el próximo curso.

A algunos rumanos se les trasladará a un alojamiento alternativo temporal, compartido y supervisado por los servicios sociales. Allí estarán hasta que se les proporcione su vivienda definitiva.

El acuerdo firmado el 9 de julio entre la alcaldesa y el presidente regional, Ángel Garrido, recoge que, una vez que la zona sea desalojada, se derribarán todas las infraviviendas para evitar que sean okupadas. También habrá una actuación de las dos Administraciones –que financian la operación al 50% cada una— para restaurar el espacio del Gallinero e integrarlo en su medio natural.