La recaudación del impuesto de la plusvalía cae un 24% en Barcelona

Las cuentas de este año del Ayuntamiento de Barcelona siguen apuntando a una caída de ingresos y un aumento del gasto. Una situación que hace un mes reveló desde la oposición el PSC, que aseguró que se avecinan recortes. El ejecutivo de la alcaldesa Ada Colau acabó admitiendo que tendrá que hacer “reajustes” por la caída de ingresos. La oposición incluso forzó en el último pleno una comisión para fiscalizar su gestión.

La ejecución del presupuesto en junio muestra como la recaudación por el impuesto de plusvalía (grava las compraventas inmobiliarias) ha caído un 24% respecto al mismo periodo de 2017. De 116 millones de euros, se ha pasado a 88.

La liquidación de junio también aporta datos sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuyo pago se retrasó este año un mes, de mayo a junio: también cae, pero menos que las plusvalías: un 3,1% (363 millones frente a 375). En cambio, en global, los gastos suben un 3%.

El gerente de Economía del consistorio, Jordi Ayala, explicó ayer que la caída del IBI —uno de los impuestos municipales más estables— se debe a la revisión catastral y que, aunque a finales de año caerá 30 millones de euros respecto a 2017, aumentará a finales de ejercicio en 4 millones sobre lo presupuestado. La suma final, positiva, se explicará por unas bonificaciones fiscales que tenía el Puerto de Barcelona y que se han dejado de aplicar, aclara Ayala.

Respecto a las plusvalías, el gerente explica que la caída era esperada, y que incluso se han provisionado 15 millones. “En número de compraventas, han subido, pero han caído [desde la crisis política tras el referéndum independentista de octubre] las grandes operaciones, compras de edificios enteros de oficinas o vivienda”.

Ayala, por otra parte, niega que el aumento del gasto sea un problema: “El presupuesto de este año es mayor que el de 2017 y estamos ejecutándolo más deprisa, el año pasado en junio se había ejecutado un 29% y ahora un 33%”. Sobre las alarmas de la oposición, afirma que no se puede gastar nada que no esté en el presupuesto. Y que si la situación se desviara, antes que la oposición se enterarían las agencias de rating”.