Un juez anula la venta de 2.935 viviendas del Ivima a un fondo de inversión

Un juez ha anulado la venta realizada a mediados de 2013, durante el Gobierno de Ignacio González (PP), de 2.935 viviendas públicas del Plan Joven del IVIMA al fondo de inversión Azora Gestión por 211 millones. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid ha estimado la demanda presentada por un vecino de Navalcarnero y anula una operación que afectó a 32 promociones. El fallo, que se puede recurrir en apelación, sostiene que la Comunidad no incluyó informes que justificaran que los pisos no eran necesarios. El actual presidente regional, Ángel Garrido, ha dicho que “acatará la sentencia”.

La sentencia, del pasado 21 de mayo, resuelve el caso de un inquilino que accedió en 2007 a un piso de protección oficial del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) en Navalcarnero, beneficiándose de una reducción del alquiler del 90%. Pero las condiciones empeoraron drásticamente cuando el Gobierno regional decidió poner a la venta el inmueble, junto a otros 2.934, para conseguir liquidez. El fondo de inversión Azora Gestión se hizo con las viviendas.

Encasa Cibeles, empresa controlada por Goldman Sachs y que es quien finalmente gestiona la adquisición, ha advertido en un comunicado de que la sentencia que anula la venta aún no es firme. Además de que lo que cuestiona el fallo es “el proceso previo de motivación de la venta de las promociones por parte de la Administración”, pero no la subasta realizada por el IVIMA, que ganó esta mercantil.

El demandante alegó que la Comunidad de Madrid, a través del contrato de venta, dejó sin contenido el derecho que tenía a la reducción de la renta de la que era beneficiario, además de vulnerar los principios de protección a la familia, a los menores y el derecho a una vivienda digna. La actuación también adolecía de “un estudio sobre el impacto social, que ha provocado a numerosas familias en situación precaria económicamente”, añadía el afectado.

El fallo le da la razón e indica que la afirmación de que las promociones “no son necesarias” esgrimida en las memorias elaboradas por el IVIMA para proceder a su enajenación no está justificada con “ningún tipo de informes o análisis complementarios”. Es decir, abunda la sentencia, no se explica la razón por la que dejan de tener utilidad “cuando juntan un total de 2.935 viviendas que cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna”. Teniendo en cuenta, además, que se encontraban ocupadas en un 80%. “Otra cosa es que no hubieran llegado a ocuparse por falta de solicitantes o que la ocupación fuera mínima”, añade.

El juez explica que tampoco se tuvo en cuenta que un acuerdo semejante, que incluía la venta a un tercero y en un solo acto de un número tan elevado de viviendas, supone una alteración de todo un programa de actuación del IVIMA, lo que habría necesitado una aprobación del consejo de administración de la empresa pública. Un requisito que no consta que se llevara a cabo. Por todo ello, el fallo concluye que el acuerdo impugnado “no se ajusta a derecho y procede estimar íntegramente el presente recurso”.

El actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado que acatará la sentencia, una decisión del Gobierno de Ignacio González que, a su juicio, “no fue un acierto”. “La interpretación de la sentencia corresponde a los servicios jurídicos. Ellos nos trasladarán la forma de hacerlo”, afirmó. En referencia al Gobierno de Cristina Cifuentes, del que él formó parte como número dos, Garrido ha dicho que se comprometió “a no vender jamás a fondos de inversión la vivienda pública”.

El 9 de agosto de 2013 la Comunidad de Madrid se desprendió de los 2.935 pisos del Plan Joven del Instituto de la Vivienda (IVIMA). Una sociedad tasadora cifró en 168,9 millones de euros el precio de salida para la venta de todo el conjunto de viviendas. Se hizo con el contrato la sociedad Azora Gestión.

Sin embargo, quien finalmente firmó la compra fue Encasa Cibeles, una empresa propiedad al 97,8% de ELQ Investors, que a su vez está controlada por Goldman Sachs. En aquel momento, el Ejecutivo regional señaló en un comunicado que los actuales inquilinos no iban a notar “ningún cambio” en sus condiciones del alquiler y que podrían ejercer el derecho a compra al precio que conocían.