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Van-Halen dice que la venta de pisos del Ivima fue una decisión política de la Comunidad

El exgerente del Instituto de la Vivienda abrió el proceso que investiga un juzgado de Madrid

El exgerente del Instituto de la Vivienda, Juan Van-Halen (i), tras declarar ante el juez.
El exgerente del Instituto de la Vivienda, Juan Van-Halen (i), tras declarar ante el juez.

El ex director general de Vivienda y exgerente del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) Juan Van-Halen Rodríguez ha declarado ante el juez que investiga una presunta malversación de fondos públicos y prevaricación en la venta de 2.935 viviendas sociales al fondo de inversión Azora-Goldman-Sachs en 2013. Van-Halen ha declarado que la decisión de vender viviendas del Ivima para compensar los recortes en su presupuesto fue del Consejo de Gobierno, presidido en aquel momento por Ignacio González, y que se la transmitió el entonces consejero de Vivienda, Pablo Cavero, hoy concejal del Ayuntamiento de Madrid por el PP. Después, ha continuado Van-Halen, la decisión de vender en bloque las 32 promociones que acabaron en manos de un fondo buitre, se tomó tras consultar a distintos asesores, según los abogados presentes en el interrogatorio, que añaden que el exgerente del Ivima no ha aportado ninguna prueba ni ningún informe de esas deliberaciones. 

Van-Halen, que dimitió hace dos meses como director de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento al ser citado como investigado (antiguo imputado), inició como responsable del Ivima el proceso de venta que luego culminó Ana Gomendio, su sucesora en el cargo. Gomendio, cuando fue interrogada ante el juez en septiembre de 2014, también como imputada, se remitió a la etapa de Van-Halen al ser preguntada por algunas de las cuestiones más peliagudas, referentes a la decisión de sacar en bloque todas las viviendas —lo cual pudo reducir el valor de venta y, según los demandantes, beneficiar así los intereses del fondo que las compró— o sobre posibles irregularidades en el proceso de tasación de las mismas. "[La idea de vender las 32 promociones] fue una decisión política anterior a mi llegada", dijo Gomendio ante el juez.

Ahora, Van-Halen vuelve a hacer algo parecido trasladando la decisión al siguiente peldaño del escalafón: el Consejo de Gobierno de la Comunidad y, en concreto, a la persona que le transmitió la orden de venta: Pablo Cavero. La pregunta en este momento es si el juez del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, en cargado del caso, seguirá el camino marcado y llamará a Cavero a declarar como investigado. 

Tanto Van-Halen como Gomendio han defendido en todo momento la legalidad y la transparencia de la venta de las viviendas, así lo hicieron el pasado mes de noviembre en la Asamblea de Madrid, durante la Comisión de Investigación sobre la corrupción en la Comunidad. Asimismo, en el apartado de explicaciones políticas, la ministra de Fomento, Ana Pastor, estaba llamada hoy al Congreso para explicar, entre otras cosas, la dimisión de su exdirector de Arquitectura y Vivienda, aunque finalmente no ha comparecido. Para terminar de dibujar el cuadro, hay en marcha cinco recursos contencioso administrativos, tres colectivos y dos individuales.

Sonia Martínez, portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (cuarta por la izquierda) junto a otros damnificados, hoy, a las puertas de los juzgados.
Sonia Martínez, portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (cuarta por la izquierda) junto a otros damnificados, hoy, a las puertas de los juzgados.

Así, en mitad de todo ello, la imputación de Van-Halen en la investigación penal "abre una nueva vía de esperanza para los miles de damnificados" inmersos en unos procesos que avanzan "con una lentitud exasperante", dice en una nota la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima, que es una de las acusaciones particulares. Desde que cambiaron a manos privadas, los 2.935 hogares siguen pagando el mismo alquiler (entre 370 y 520 euros al mes); pero se les incluye en la factura —como dice el contrato— el IBI y la tasa de basuras que el Ivima no cobraba por el riesgo de exclusión. De hecho, solo unas 500 de las 2.935 familias que vivían en esas casas cuando fueron vendidas siguen en ellas, según uno de los abogados de la asociación, José Luis Muga. Además, a quienes tienen ya opción de comprar, Goldman Sachs les ha pedido 140.000 euros por el mismo piso que a la empresa le costó, de media, 68.000 euros hace dos años.

Las siguientes son las claves de la investigación: 

¿Por qué venderlas todas juntas? La decisión de vender las 32 promociones de viviendas, en 11 municipios de la Comunidad de Madrid, todas juntas, según Gomendio, fue tomada antes de que ella llegara al cargo el 25 de abril de 2013. Así que ha sido Juan Van-Halen quien ha respondido: la decisión de vender viviendas la tomó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid con el objetivo de compensar el reporte del presupuesto del Ivima: se le iban a quitar 100 millones de subvención. Después de que el entonces consejero de Vivienda, Pablo Cavero, le comunicara esa decisión, fueros distintos asesores los que aconsejaron a Van-Halen la venta en bloque como la mejor opción, ha asegurado el imputado, según siempre los abogados presentes en el interrogatorio. En el mes de noviembre, Van-Halen ya dio el siguiente argumento durante su comparecencia en la Asamblea: como la mayoría de viviendas eran alquileres con derecho a compra, "estaban destinadas a la venta; no era un patrimonio del Ivima que iba a quedar de forma patrimonial durante los años", dijo. Sin embargo, los abogados de las acusaciones particulares insisten en que había también un 25% de arrendamientos sin derecho a compra.

Juntas o por separado las 32 promociones, lo que estaba claro es que solo se podían vender como promociones completas para ajustarse a la legalidad. Y esa es la razón por la que los inquilinos no tuvieron derecho tanteo y retracto ni derecho preferente, es decir, solo pudieron ver cómo sus casas cambiaban de manos. Sin embargo, algunos de los abogados presentes en la causa aseguran que no todas las promociones estaban completas, pues para ello han de incluir los locales comerciales, y al menos en dos casos no lo estuvieron. Gomendio, sin embargo, aseguró en la comisión de investigación de la Asamblea que "existe la posibilidad de promociones completas en las que no se tengan en cuenta locales". Otro punto este que el juez tendrá que dirimir. Además, el hecho de venderlas como un solo paquete condicionó su precio.

¿Por qué valían solo 168 millones? Una sociedad tasadora dio con la cifra de 168,9 millones de euros como precio de salida para la venta de todo el conjunto de viviendas. Aunque el precio de venta final fue finalmente superior (201 millones), un informe de la Cámara de Cuentas asegura que si se hubieran vendido en lotes distintos, el beneficio habría sido bastante mayor. Y si se hubieran vendido a los inquilinos al precio de mercado (según las cuentas que hace la querella interpuesta por el PSOE, otra de las acusaciones) habrían conseguido más del doble, 424 millones de euros. Una parte importante de los inquilinos (algo más del 20%) podían ejercer su derecho a partir de finales 2013 y en 2014. El resto, podían hacerlo progresivamente hasta 2017.

Gomendio rechazó ante el juez esas cuentas porque no es lo mismo, aseguró, una casa en Tielmes que otra en Madrid (las promociones estaban repartidos por 11 municipios de toda la Comunidad) y porque el informe tiene en cuenta las tasas de descuento y de riesgo para la compra de un todo. Cómo se eligió la sociedad de tasación y por qué comenzó sus trabajos antes de que se iniciara el expediente de venta (en febrero de 2013) queda aún en el aire. También, si se fraccionó el pago a la agencia de tasación para tramitarlo como contrato menor, tal y como advirtió un técnico del Ivima en julio de 2013.

¿Por qué eran innecesarias? Tanto Gomendio como Van-Halen han hablado de la necesidad de conseguir dinero en tiempos de crisis: "Había una valoración de alternativas para enajenar unas viviendas con el fin, por cierto, de conseguir fondos para reinvertir en viviendas públicas del Ivima", dijo Van-Halen en la Asamblea en noviembre. Primero, "no está demostrado en ninguna parte que ese dinero se destinara a más viviendas sociales", dice Raúl Maillo, uno de los abogados de la asociación de afectados. Y, además, si ese era el objetivo, "por qué no se ofreció primero a los inquilinos, con lo cual, aparte de cumplir su función social, habría reportado más beneficios", añade.

En todo caso, la otra gran cuestión que queda en el aire es la justificación de que el Ivima ya no necesitaba esas viviendas. La Cámara de Cuentas opina en su mencionado informe que en la "memoria de innecesariedad" firmada en mayo de 2013 por Gomendio "no se evidencian las razones o las causas de por qué ya no son necesarias" unas viviendas "en cuya ocupación, uso y destino se está cumpliendo el régimen para el que fueron programadas, construidas y calificadas", dice el texto. Y añade: "No se evidencia esa innecesariedad por el hecho de que el Organismo necesite realizar inversiones para seguir cumpliendo sus fines, y mucho menos en las razones, también alegadas, de conseguir una mayor eficacia y eficiencia en sus actuaciones".     

¿Por qué las tiene Goldman-Sachs si no ganó el concurso? Quien ganó el concurso para hacerse con las viviendas fue la sociedad Azora Gestión. Sin embargo, quien finalmente firmó la compra fue otra llamada Encasa Cibeles, una empresa propiedad al 97,8% de ELQ Investors, que a su vez está controlada por Goldman Sachs, según la Fiscalía. En su declaración, Gomendio aseguró al juez que el uso de una sociedad vehículo (Encasa Cibeles) ya estaba reflejada en la oferta de Azora. Pero el hecho de que la adjudicataria inicial (Azora) se quedara con menos del 3% apunta, según varios abogados, a un posible fraude. Además, varios técnicos y letrados de la Comunidad, algunos pertenecientes a la mesa de contratación que adjudicó la venta, ya han dicho al juez que no recuerdan haber visto el documento que supuestamente hablaba de esa futura sociedad. Un documento que, de cualquier manera, "no tendría validez jurídica porque no es una oferta completa tal y como exigían los pliegos de condiciones", asegura Ángel de Sancha, abogado de Soluciones e Información para Viviendas Protegidas S.L y representante de otra parte de las acusaciones particulares.

Dentro del guirigay societario de este caso, el juez también lleva meses esperando que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) un informe sobre “las posibles relaciones económicas entre las sociedades Bussola 99 Sicav S.A., Azora Gestión S.G.I.I.C S.A., y las por ella participadas Encasa Madrid S.L. y Goldman Sachs Group INC, Goldman Sachs Internacional y las por ellas participadas”. Según el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, familiares de Pablo Cavero —consejero de Transportes, Infraestructura y Vivienda entre 2011 y 2015— son responsables de la sicav Bussola, entidad de la que es subgestora Goldman Sachs, informa Efe.

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