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Los auditores de la Comunidad detectan 1.200 litigios y 750 pisos sin registrar en el IVIMA

La Intervención General halla numerosas discrepancias al analizar las cuentas de 2014

Las deficiencias en las cuentas de 2014 presentadas por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) han impedido a la Intervención General de la Comunidad emitir una opinión sobre ellas. Los auditores públicos localizaron inmuebles que aparecen a la vez como propiedad y como vendidos, otros alquilados que no encuentran o 1.265 litigios de los servicios jurídicos de la Comunidad sin registrar. Fuentes del Gobierno regional mantienen que el problema se debe a que existen dos bases de datos que se están sincronizando, y es una labor que requiere tiempo.

Fachada de un edificio de pisos del IVIMA.
Fachada de un edificio de pisos del IVIMA.

Los auditores no han podido decir si las cuentas del Instituto de la Vivienda de Madrid de 2014 están bien, mal o regular. Es imposible debido a la gran cantidad de deficiencias en los datos que han recibido de este organismo autónomo que depende de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.

Las discrepancias detectadas les impidieron emitir una “opinión de auditoría” al no contar con una “base suficiente y adecuada”. Entre los puntos afectados se encuentra el inmovilizado material (terrenos y construcciones), cuya cuantía asciende a más de dos mil millones de euros, el 75,42% del balance de la compañía.

El problema estriba en que determinados datos contables no coinciden con la relación valorada de los bienes que les entregó el IVIMA. Entre las incongruencias, aparecen 132 inmuebles alquilados “por los que se factura y cuya existencia no ha podido ser comprobada”.

La falta de coherencia interna se puso de manifiesto también al comparar los datos de una de las aplicaciones informáticas que usa el IVIMA y los que la empresa hizo llegar a los auditores. Hay 949 referencias de inmuebles que la empresa mantiene en la relación, cuando figuran como vendidos en el listado informático. Su valoración asciende a 39 millones. Otros 746 no se han podido localizar, a pesar de que figuran como “libres” en el ordenador.

Debido a estas discrepancias entre los bienes inmuebles y el importe que aparece en la contabilidad, el IVIMA viene haciendo regularizaciones desde el año 2006, que han supuesto, de momento una modificación de 74 millones al alza del inmovilizado. Pero la situación dista todavía de reflejar la valoración real del organismo.

La situación en la que se encuentran el control de los bienes muebles (los que se pueden transportar de un lado a otro) es bastante similar. La Intervención General tampoco pudo emitir ningún juicio sobre su saldo en 2014 debido a las deficiencias encontradas. De los 6.403 elementos que componen el inventario, 676 (el 10,56%) carecen de valor ni de fecha de adquisición, lo que hace imposible su tasación.

Otra de las irregularidades detectadas afecta a las provisiones económicas para responder a las responsabilidades que se deriven de recursos por vía judicial. Están los que dependen del IVIMA directamente, pero no hay rastro de 1.265 procedimientos llevados por los Servicios Jurídicos de la Comunidad. El problema es que estos pueden desembocar en una reclamación pecuniaria para el instituto, pero se desconoce el importe, salvo para 147 de ellos. De esta forma, existe una infravaloración en las cuentas a la que tampoco se puede poner una cifra.

El IVIMA tampoco había reconocido en su contabilidad 10,9 millones de euros de una deuda que le reclamaba el Ayuntamiento de Madrid desde 2013 en concepto de tributos, tasas, recargos, costas e intereses de demora. Y no se facturaban las viviendas y garajes arrendados al Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), el montante sería de 1,3 millones por 854 inmuebles (613 viviendas y 241 garajes). “Lo que determina una infravaloración de los ingresos y del resultado presupuestario del ejercicio”.

La empresa no repercute el IBI de viviendas y garajes de su propiedad a sus arrendatarios, tal y como se recoge en los contratos. Otra infracción que hace que a sus ingresos por prestación de servicios les falten, “al menos 2,9 millones de euros”.

 

El ovillo más complicado de desenredar

En este embrollo de cuentas en las que ni los auditores pueden encontrar el orden, el IVIMA explica que la gestión de sus inmuebles se realiza a través de dos bases de datos, una para la facturación (GPI con 150.000 elementos vendidos o no ) y otra para el inventario (SINI con 160.000 elementos dados de alta o de baja). Pero no están sincronizadas, de tal manera que el estado de las viviendas varía de una a otra. Como son tantos elementos la regularización se va haciendo según detectan las discrepancias. También se puso en marcha en 2014 otro programa que detecta los fallos, pero todavía no se han conseguido depurar los datos de forma completa.

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