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El fiscal dice que la venta de pisos del Ivima a un fondo estuvo “trufada de irregularidades”

Podrían existir delito de prevaricación y malversación por parte de dos exdirectivos de la entidad

Imagen de archivo de una promoción del IVIMA en el PAU 4 de Móstoles. Ampliar foto
Imagen de archivo de una promoción del IVIMA en el PAU 4 de Móstoles.

En un escrito remitido al juez, la fiscalía mantiene que el procedimiento de venta de 2.935 viviendas sociales al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs en 2013 está “trufado de irregularidades que deben ser analizadas desde un punto de vista penal”. Según afirma, dos exdirectivos del Ivima imputados en la causa podrían haber cometido prevaricación y malversación. El escrito añade, sin embargo, que no se aprecian indicios de cohecho o figuras afines que puedan haber provocado un "enriquecimiento ilícito del funcionario".

El proceso abierto por la venta de 32 promociones de viviendas (2.935 inmuebles) del Instituto de Vivienda a Madrid (Ivima) al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs, que se encuentra en diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 48, ha dado un vuelco con el escrito del fiscal, adelantado por la Agencia Efe. El análisis de la operación debe ser realizado desde “el prisma de la malversación de caudales públicos” o desde el “fraude en la contratación”, sin perjuicio de otros como el “delito de prevaricación”, explica el fiscal.

José Luis Muga, abogado de los afectados, se muestra muy satisfecho: “Por primera vez hay un informe que habla de delitos”. Un paso fundamental para la apertura de juicio oral. “Los vecinos están cansados de no ver el final”.

La venta fue firmada en 2013 por Ana Gomendio, entonces directora general del Ivima, “dándose continuidad a un procedimiento iniciado por Juan Van-Halen [exdirector general de la misma empresa]”. Este último declaró en abril de 2016 ante el juez que la decisión de desprenderse de las viviendas se tomó para compensar los recortes en el presupuesto del Ivima. Van Halen apuntó al Consejo de Gobierno, presidido en ese momento por Ignacio González, como responsable de la decisión, que le fue transmitida a él por el entonces consejero de Vivienda, Pablo Cavero. Van-Halen había dimitido dos meses antes de su cargo de director general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento.

Ana Gomendio, su sucesora en el cargo, se remitió a la etapa de Van-Halen cuando fue interrogada ante el juez en septiembre de 2014, también como imputada. Sobre todo, al ser preguntada por algunas de las cuestiones más comprometidas, referentes a la decisión de enajenar todas las viviendas en bloque o a posibles irregularidades en el proceso de tasación de las mismas. “[La idea de vender las 32 promociones] fue una decisión política anterior a mi llegada”, dijo Gomendio.

El fiscal apunta en su informe a que el precio de las viviendas se pudo infravalorar con el uso de “artificios” que individualmente podrían no ser delito, pero que “en su conjunto ofrecerían una imagen fiel y exacta de una conducta malversadora o defraudatoria”.

En cuanto a la venta de todos los inmuebles de forma conjunta, “se arguye que el detonante fue la necesidad de liquidez de la Comunidad Autónoma”, dice el documento. El problema, es que no se ha encontrado “rastro documental de que se hubieran realizado estudios” que determinaran la forma de enajenación que hubiera sido más ventajosa para el sector público, añade el fiscal. Concreta que del expediente no explica la razón por la que no se optó por la venta individualizada de las viviendas a particulares o de forma separada a distintos fondos de inversión u otro tipo de licitadores. “De hecho”, continúa el escrito, Van-Halen manifestó ante el juez que tales condiciones le vinieron “impuestas”. Así, se limitó el acceso al contrato a licitadores de tamaño medio y se reservó a grandes fondos de inversión.

La sociedad Azora Gestión ganó el concurso para hacerse con las viviendas. Sin embargo, quien finalmente firmó la compra fue otra empresa, llamada Encasa Cibeles, propiedad al 97,8% de ELQ Investors, que a su vez está controlada por Goldman Sachs. El fiscal mantiene que la entrada de Encasa se ocultó a la mesa de contratación. De haberse sabido, “habría sido un obstáculo insalvable para la adjudicación a Azora Gestión”, porque se sirvió de la solvencia y de los medios de otra entidad distinta de la que se presentó al proceso de contratación administrativa.

Un portavoz de Encasa declaró a este periódico: "Siempre hemos actuado dentro de la más absoluta legalidad. Otra cosa es la decisión que tomaron las Administraciones, a la que somoso totalmente ajenos".

Un aliciente para los inquilinos

“Cada vez vivimos en estos edificios menos personas, bien porque se acaban los contratos o porque hay familias que no pueden aguantar las nuevas condiciones de alquiler. Seremos unas 300”, explica Sonia Martínez, de la Asociación de vecinos afectados, que se sumó a la querella que interpuso el PSOE contra la venta de los pisos. Cuando el fondo compró, el Ivima dejó de pagar ayudas al alquiler. “Había personas con muy poca renta, que, de repente, pasaron a tener que abonar más de 500 euros al mes”, añade. El escrito del fiscal es para ellos un aliciente.

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