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La Generalitat recauda un 30% menos de lo previsto con las bebidas azucaradas

La Agencia Tributaria de Cataluña obtiene 22,7 millones de euros entre mayo y diciembre de 2017, cuando esperaba recaudar 31 millones en ese periodo

Dos jóvenes beben un refresco en Barcelona.
Dos jóvenes beben un refresco en Barcelona.

Uno de los nuevos impuestos del anterior Govern, el de las bebidas azucaradas, no ha cumplido con las expectativas. De mayo a diciembre de 2017, la Agencia Tributaria de Cataluña recaudó 22,7 millones de euros en bebidas, lejos de los 31 millones que esperaba obtener desde la aprobación de los presupuestos a finales de marzo. La ineficiencia de este “impuesto imprudente” según escribió el propio Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda, en un correo intervenido por la Guardia Civil, se aparta de los buenos datos de recaudación y de lucha contra el fraude.

La idea de instaurar un gravamen sobre refrescos, aguas de sabores, bebidas energéticas o néctares de fruta —quedaron fuera del impuesto los zumos naturales, las bebidas alcohólicas o los refrescos sin azúcar— proviene de la época en que Andreu Mas-Colell era consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat. Un tributo con argumentos sanitarios que permitiría obtener un ingreso extra para unas finanzas catalanas deprimidas por la crisis.

La idea de Mas-Colell topó con los recelos de la industria de las bebidas, cuya cifra de negocios, según los últimos datos, de 2015, fue de 2.968 millones de euros en Cataluña. Incluso el ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro se planteó imponer este impuesto, aunque tampoco prosperó.

El tributo a las bebidas azucaradas no vio la luz en Cataluña hasta la aprobación de los presupuestos a finales de marzo de 2017, fruto de un acuerdo entre la CUP y Junts Pel Sí. El objetivo del Govern era recaudar 31 millones en 2017 a partir de la aprobación de los presupuestos y 41 millones en un año completo.

El impuesto a las nucleares también pincha

Además del impuesto a las bebidas azucaradas, el Gobierno de Carles Puigdemont también creó el tributo sobre el riesgo medioambiental de elementos radiotóxicos. Este pretendía sustituir al impuesto a las nucleares que fue suspendido por el Tribunal Constitucional. En los presupuestos, la Generalitat estimó que recaudaría en 2017 más de 28 millones de euros, aunque finalmente los ingresos obtenidos han sido solo 7,4 millones, un 73,5% menos de lo previsto. El impuesto se implementó al aprobarse los presupuestos, pero el Tribunal Constitucional lo suspendió a principios de 2018.

Finalmente, la Agencia Tributaria de Cataluña recaudó el año pasado 22,7 millones, un 26,7% menos de lo previsto. La Generalitat explica esta circunstancia con el argumento de que el gravamen a los refrescos se inició el 1 de mayo, un mes después de lo previsto. Además, según el Ejecutivo, la cifra de 22,7 millones no es nada desdeñable, teniendo en cuenta las dificultades con las que cualquier nuevo impuesto se implementa en la sociedad. En este caso, este gravamen implica un incremento de hasta el 7% en el precio de las latas de refresco, y la ley indica que tiene que ser el consumidor final el que abone el tributo. “Es un impuesto disuasorio, el objetivo es que la gente deje de consumir estas bebidas. Si todo va como esperamos, es lógico que se recaude menos cada año”, indican fuentes de la consejería.

El gravamen a las bebidas azucaradas fue diseñado en la secretaría de Hacienda que dirigía Lluís Salvadó, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya que está ahora bajo los focos por una conversación machista. Esta charla telefónica fue filtrada a los medios de comunicación después de que su teléfono fuese intervenido por la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre el ex senador de ERC Santiago Vidal.

Precisamente, en otro documento incautado por la Guardia Civil y filtrado a la prensa, en este caso un correo electrónico, Salvadó lamentaba la improvisación con la que se habían creado nuevos impuestos para obtener el de la CUP a los presupuestos. “Hemos asumido hacer un impuesto como el de las bebidas azucaradas sin trámite de audiencia específica con los sectores afectados, con calendarios imprudentes. Lo hemos hecho en contra de los informes internos que decían que esto no se aguantaba por ningún lado y que mearíamos sangre después. (...) Espero que el Constitucional lo suspenda, porque sino haremos un ridículo espantoso. (...) Lo que hemos hecho con las bebidas azucaradas no lo haremos más”, se leía en el correo.

El deseo de Salvadó no se cumplió: a pesar de las presiones de la industria alimentaria, el Gobierno central decidió no recurrir este tributo al Tribunal Constitucional.