El Ayuntamiento externalizó el informe final para comprar BiciMad

El Ayuntamiento de Madrid encargó a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en septiembre de 2016 un informe para cerrar la compra de BiciMad, cuyos pagos ya alcanzan 15 millones de euros. Pidió a dos profesores que justificaran la legalidad de la operación y descartaran una "municipalización de hecho", de la que advirtió un interventor municipal. Tras recibir el informe, el gobierno local ratificó la adquisición, que ahora estudia la justicia.

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El informe de la UAM sirvió al equipo de la alcaldesa, Manuela Carmena, para oficializar la adquisición de BiciMad. El servicio de bicis compartidas perdía 300.000 euros al mes cuando la Empresa Municipal de Transportes (EMT) lo hizo suyo, y el gobierno necesitaba de un amparo legal para la operación. En concreto, debía justificar que no constituía una municipalización encubierta, lo que habría infringido las leyes presupuestarias.

El primer escollo para el Ayuntamiento se presentó en julio de 2016. El gobierno local pidió al interventor que analizara la operación, y este expuso en una nota que la cesión del contrato de Bonopark (sociedad dueña de BiciMad) a la EMT, empresa 100% municipal, podía considerarse una "municipalización de hecho del servicio, circunstancia que requiere un tratamiento distinto". A este respeto, consideró que el Ayuntamiento "deberá informar a la asesoría jurídica municipal".

La nota del interventor entró en un expediente que caducó en verano de 2016. El gobierno abrió otro, recuperando casi íntegramente el primero, pero con una diferencia: no pidió al interventor que se expresara sobre la adquisición, ya en fase avanzada. Decidió externalizar el análisis jurídico.

Pidió en septiembre de 2016 a dos profesores de derecho que estudiaran la operación. Un mes después, estos concluyeron que todo era legal: "Una posible cesión del contrato de gestión del servicio público BiciMad no produciría ningún cambio de la forma de gestión del servicio (...), así que se mantendría la forma de gestión directa". Dos días después, el 19 de octubre, la edil de Medio Ambiente, Inés Sabanés, firmó el decreto de adquisición.

Dudas sobre el coste

¿Por qué el Ayuntamiento no preguntó a los letrados municipales y cómo pagó el informe externo? El gobierno de Carmena argumenta que "no era necesario" un informe de la asesoría jurídica. "La secretaría general técnica de Medio Ambiente estudia la posibilidad de la cesión del contrato y la ve viable, pero para despejar cualquier duda ante una cesión que se hace por primera vez de una empresa privada a una pública se pide ese dictamen independiente", afirma una portavoz. El informe dice que la cesión es "posible" y que no hacía falta consultar a los letrados públicos. Aun así, el Consistorio no explica cuánto costó el estudio ni si se encargó de manera discrecional.

La oposición ve la operación sospechosa. Sergio Brabezo, edil de Ciudadanos, cree que la externalización del informe sirvió para sortear controles internos: "El Ayuntamiento se saltó lo que aconsejaban los funcionarios, para cubrir sus fines. Es una municipalización que han convertido en cesión. Pero si se averigua que así no fue, todo sería nulo. Es muy grave", dice Brabezo, que asocia el caso al del Open de Tenis, en el que hay dos ediles de Carmena investigados.

Para Álvaro González, edil del PP, la decisión del ejecutivo demuestra "falta de confianza en los funcionarios". Un hecho que, según él, está vinculado a "las dudas jurídicas que los trabajadores públicos pusieron en los informes previos". Por su parte, Mercedes González, edil del PSOE, cree que el gobierno quiso "estar seguro" de que podía adquirir BiciMad, pero subraya que "debería haber pedido informes municipales". El asunto está siendo investigado en una comisión, que lleva dos meses atascada por los retrasos del gobierno en entregar toda la documentación.