La EMT contrató a la auditora para que “validara” la compra de BiciMad
El director financiero de la empresa municipal entregó a los auditores los documentos sobre la adquisición del servicio antes de comenzar la contratación
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) envió, cuatro días antes de comenzar a contratar a una auditora externa, los documentos públicos de la adquisición de BiciMad por 10,5 millones de euros. El director financiero de la EMT pidió explícitamente a los auditores que "validaran" unos números que el grupo municipal del PP cree que fueron manipulados por el Ayuntamiento para corregir "irregularidades" en la compra. La auditora redactó finalmente el informe en solo 10 días y concluyó que el precio de la compra de BiciMad era correcto. Pocos días después, el Ayuntamiento filtró el informe a los medios.
Los responsables de la EMT indicaron, días antes de contratar a la empresa que debía fiscalizar la documentación de la compra de BiciMad, qué papeles debían ser "validados". Así lo denunció el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, en el pleno municipal del martes pasado, y también consta en la querella criminal presentada —junto con documentación municipal— por este partido contra la concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, por un supuesto caso de prevaricación y malversación.
La querella que hoy desvela EL PAÍS sostiene que el director financiero de la EMT, José David Pérez Moncada, escribió a un representante de la auditora que diera validez a unos documentos que la empresa municipal usó para comprar BiciMad, y que el PP sostiene que fueron manipulados. En el correo de Pérez Moncada se lee literalmente: "Te adjunto los siguientes documentos: Informe de valoración elaborado por EMT (este informe es el que hay que validar)".
Según los populares, la empresa auditora debía dar legitimidad a esos retoques, que llevan la firma de Pérez Moncada. Así lo explica la querella: "En este correo no se está solicitando un informe con el fin de contrastar dicha valoración, o un estudio independiente del mismo, o una valoración correcta etc., sino que directamente se pide validar dicho informe económico, sin otra opción posible".
La comunicación entre el director financiero de la EMT y la empresa auditora se realizó cuatro días antes de que la EMT comenzara los trámites de la contratación. Concretamente el 24 de noviembre, aunque no fue hasta el 4 de diciembre cuando la auditora remitió la oferta económica y técnica para la prestación del servicio. El 19 de diciembre la empresa municipal formalizó el encargo a esa sociedad con la que el que el director financiero ya había contactado.
Un correo con cinco informes adjuntos
Correo electrónico. El director financiero de la EMT repasa en su correo los documentos que entregó a la empresa auditora de BiciMad. Entre ellos está el informe de valoración de la EMT ("Este informe es el que hay que validar", dice); el contrato de cesión de negocio; la valoración de trabajos pendientes e intangibles; las cuentas de Bonopark; el plan de negocio remitido por Bonopark y el plan de negocio de la EMT ("corregido el del Bonopark" [sic]).
"Cierta urgencia". El director también señala que tiene "cierta urgencia de disponer del informe del experto independiente", y que antes del correo tuvo una "conversación telefónica" con los representantes de la auditora.
El contrato se adjudicó de manera discrecional; es decir, sin pasar por concurso público. La EMT invitó solo a esta sociedad, evitando que otras compitieran y pudieran ofrecer un presupuesto más bajo. La adjudicataria fue la misma empresa que anteriormente no había detectado el desfalco en el caso Palau de Cataluña, por el que fueron condenados exdirigentes del partido Convergencia i Unió por corrupción. El plazo para redactar el informe exhaustivo sobre la compra de BiciMad por 10,5 millones fue de 10 días.
"Dudas" y "sospechas"
Este miércoles, un portavoz de la EMT manifestó a este diario que el correo electrónico enviado por Pérez Moncada fue "una consulta previa para ver la disponibilidad de tiempo y recursos que serían necesarios para proceder a la contratación".
Sin embargo, en el pleno del 30 de enero el portavoz del PP reprochó a Sabanés no haber enseñado "un solo documento" que demostrase que hubo una "valoración económica previa a la cesión del contrato". "¿Quién firmó en la EMT?", preguntó en dos sesiones marcadas por acusaciones de "irregularidades".
La concejal de Medio Ambiente contestó que la compra de BiciMad fue la "opción más solvente" para evitar el colapso del sistema de bicis compartidas. La sociedad Bonopark, dueña de BiciMad, perdía a finales de 2015 unos 300.000 euros al mes. El gobierno de Carmena decidió entonces comprarla después de negociar con ella empresa el precio. Sabanés culpó del desembolso a un convenio "infumable", firmado por la exalcaldesa Ana Botella (BiciMad llegó a Madrid en 2013), del PP. Según la edil, Botella blindó a Bonopark como dueña de la patente del sistema tecnológico, y por eso el precio fue más alto.
Cuando el gobierno de Carmena decidió comprar el servicio, añadió la delegada de Medio Ambiente, se basó en "múltiples informes" de la EMT (los que la auditora validó) y en una valoración económica hecha por la propia Bonopark; es decir, la sociedad vendedora. El PP quiere esos documentos y saber, además, si la EMT hizo un inventario de las bicis y de las centralitas de BiciMad antes de comprarlas. PSOE y Ciudadanos, por su parte, confirman que el gobierno municipal tampoco les facilita esos documentos.
El Ayuntamiento adquirió BiciMad en septiembre de 2016 sin que los representantes de la EMT informasen de las negociaciones al consejo de administración (donde están representados todos los partidos). Solo avisaron a posteriori. También encargaron a posteriori la auditoría a dedo sobre la compra. El resultado del informe fiscalizador realizado en 10 días fue filtrado a una agencia de noticias y reza: "El valor promedio de los valores corregidos de los activos tangibles e intangibles, así como de los flujos de caja que han servido de base para determinar el precio final de la cesión se sitúa en 10,6 millones", la misma cifra que calculó la EMT.
Ante las sospechas de manipulación, el pleno municipal —con la abstención de Ahora Madrid— aprobó la apertura de una comisión de investigación. En ella, la oposición podrá exigir a todos los cargos de la EMT que comparezcan y den su versión de los hechos.
La oposición fuerza una investigación
El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles celebrar una comisión de investigación sobre la compra del servicio de BiciMad, cuyo gasto (10,5 millones) fue avalado por el gobierno municipal. PP, PSOE y Ciudadanos creen que existen "dudas" y "sospechas de irregularidades". Por ello, exigen al gobierno de Manuela Carmena aclarar lo ocurrido. Esa investigación, la primera que el Ayuntamiento realiza sobre su propia gestión en el mismo mandato, es vinculante y durará al menos tres meses.
Antes de la votación, los socialistas propusieron ampliar la investigación al primer contrato, de 2013, firmado por Ana Botella con Bonopark, empresa que gestionaba BiciMad. Los populares, sin embargo, rechazaron la enmienda. Fuentes del PSOE explicaron a EL PAÍS que insistirán en ello en el próximo pleno.
Ahora Madrid, coalición formada por Podemos, IU, Equo y Ganemos, decidió abstenerse. La concejal de Medio Ambiente y responsable política de la EMT también propuso ampliar la investigación al contrato firmado por Botella. De ser así, dijo, su formación apoyaría la comisión. Sin embargo, tras recibir la negativa del PP, la coalición que gobierna la capital decidió abstenerse.
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