PP, PSOE y Ciudadanos obligan a Carmena a investigar la municipalización de BiciMad

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado abrir una comisión de investigación sobre la compra por parte del Consistorio del servicio de BiciMad. La adquisición se cerró en 2016 con un gasto de 10,5 millones de euros, pero la oposición quiere aclarar si ese precio fue adecuado y si antes de la compra, ejecutada por la Empresa Municipal de Transporte (EMT), los responsables municipales encargaron una auditoría para determinar el valor real del servicio. PP, PSOE y Ciudadanos han coincidido en la necesidad de forzar al gobierno local, que se ha abstenido, de celebrar la primera comisión del gobierno de Carmena sobre su propia actuación.

Todos los partidos de la oposición han usado este miércoles las palabras "irregularidades" y "sospechas". Acusan al equipo de la alcaldesa de ocultar documentación esencial para comprender si la compra fue adecuada económica y financieramente. Según la tesis de PP, PSOE y Ciudadanos, faltó una auditoría externa y en el expediente no aparecen documentos preceptivos que podrían determinar una supuesta irregularidad.

La comisión municipal durará tres meses, prorrogables a otros tres. Su celebración es vinculante y su objeto será fiscalizar la cesión del servicio de BiciMad, anteriormente controlado por Bonopark. Los socialistas propusieron ampliar la investigación al primer contrato y primera ampliación del convenio de Ana Botella. Sin embargo, los populares han rechazado esta enmienda, aunque fuentes del PSOE aseguran que instarán a ampliar la investigación en el próximo pleno.

Ante las preguntas y acusaciones de los concejales de la oposición, la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, ha subrayado que el precio pagado para BiciMad fue el resultado de un convenio "infumable" firmado por el PP. En opinión de la edil, Botella blindó la patente del sistema tecnológico de las bicis eléctricas de BiciMad. De esta manera, obligó al actual gobierno municipal a llegar a una negociación con Bonopark para evitar su quiebra y la interrupción de un servicio que Sabanés considera fundamental.

Por su parte, Álvaro González (PP) ha preguntado sin obtener respuesta: "¿Quién tomó la decisión de la EMT, en qué comisión delegada y cuándo se informó al consejo de administración?". El edil, que también ha denunciado la existencia de "informes falseados", ha criticado el encargo a posteriori de una auditoría a dedo para intentar justificar el expediente y el pago de otros 8 millones en este último año a "sociedades pantalla" de Bonopark. El grupo del PP ha presentado una querella criminal por supuesta prevaricación y malversación sobre la compra de BiciMad.

El socialista Ignacio Benito también ha subrayado que "el equipo de gobierno no ha aclarado nada" y que cada vez que su grupo investiga más, surgen "más dudas", que pueden desembocar en "irregularidades". La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha considerado que la gestión del dinero público debe cumplir con elevados controles. "¿Por qué pagan 10,5 millones a una empresa que en los libros vale 7 millones?", ha argumentado la edil. En definitiva, según Ciudadanos la operación no fue un buen negocio para el Consistorio capitalino. La apertura de la comisión de investigación es vinculante y aclarará todas estas dudas.