Culpables

Es un triste récord para España: todos los grandes partidos de gobierno han sufrido o están sufriendo la persecución judicial por escándalos de corrupción en el ejercicio del poder. Pero es difícil encontrar precedentes a la sentencia conocida este lunes en Cataluña y a la implosión del partido afectado, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), aunque no necesariamente de sus dirigentes.

El expolio del Palau de la Música, el instrumento del que se valió CDC para recaudar financiación ilegal, ascendió a la friolera de 23 millones de euros en 10 años. Las mordidas que fueron a parar a las arcas del partido sumaron 6,6 millones, que CDC deberá devolver a cuenta, entre otras cosas, de sus 15 sedes embargadas. Por parte del partido, sin embargo, solo el extesorero Daniel Osàcar ha sido condenado a cuatro años. El otro extesorero implicado murió antes de la sentencia y ningún dirigente estaba procesado. Las principales condenas han sido para Millet (nueve años y ocho meses), Montull (siete años y seis meses) y otros administradores de la institución cultural.

La sentencia puede albergar aspectos discutibles, como la impunidad final de los líderes de CDC, de la empresa que pagó las comisiones ilegales (Ferrovial), y todos los aspectos que los concernidos aspiren a recurrir. Su recorrido en el marco judicial será, pues, el que marquen los jueces. Pero es su impacto político el que procede analizar también, ya que este escándalo de corrupción tiene una relación directa con la deriva a la que se entregó la clase nacionalista dirigente y que todo el país está pagando. Suya es esa responsabilidad.

Acorralada por el escándalo de este caso y los que afectan a la familia Pujol, y espoleada también por la crisis económica, CDC se aprestó a abrazar la causa independentista hasta el descarrilamiento institucional de Cataluña en septiembre. Primero en alianza con ERC bajo el nombre de Junts pel Sí, después como Partido Democrático de Catalunya (PDeCAT) y, en las últimas elecciones y por voluntad de Carles Puigdemont bajo el nombre de Junts per Catalunya, los herederos de Convèrgencia han mudado de nombre y radicalizado su programa con la intención de hacer olvidar su acreditada trayectoria de corrupción institucional. Solo hace unos días que Artur Mas, quien fue el delfín de Pujol, presidente de CDC y más recientemente de PDeCAT, abandonó este cargo.

El PDeCAT se ha dado prisa en desvincularse de CDC y los jueces dictaminarán en futuros recursos si esto es válido. Pero políticamente no pueden engañar a nadie. La huida hacia adelante emprendida por sus líderes, su renacimiento bajo nombres diferentes y su radicalización en tiempos de crisis de los viejos partidos en todo el mundo han dejado huellas dolorosas para Cataluña y España. ERC y la CUP lo sabían y obviaron toda exigencia de limpieza en aras de la causa independentista. Los comunes también jugaron con la ambigüedad. Para toda la clase política española debe ser una lección de cómo las huidas hacia adelante sin asumir responsabilidades pueden provocar, en suma, males aún mayores.