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La compra de BiciMad se cerró sin el informe de Economía

Las normas municipales califican el documento de "preceptivo" para la compra y el Ayuntamiento afirma que no era necesario

El carril bici de la calle de Santa Engracia de Madrid.
El carril bici de la calle de Santa Engracia de Madrid. Uly Martin

La compra del servicio BiciMad por el Ayuntamiento, por un valor de 10,5 millones de euros, se cerró sin un informe de la dirección general de Economía y Sector Público del Consistorio. Así lo demuestra la documentación de la comisión de investigación que revela hoy EL PAÍS. Las normas municipales califican dicho informe de "preceptivo", pero el Ayuntamiento afirma que el contrato de cesión "no requiere ningún informe de Sector Público".

La documentación entregada por el Ayuntamiento en el marco de la comisión de investigación sobre BiciMad señala que "no existe" la "copia del informe" emitido por la dirección general de Economía y Sector Público sobre la "celebración del contrato de transferencia de la unidad de negocio relacionado con la gestión del servicio BiciMad". También revela que no existe la "valoración del mismo en 10,5 millones".

El documento que falta habría servido para avalar la viabilidad económica de la operación; es decir: tenía que establecer que el gasto público era adecuado y equilibrado a las finalidades previstas por el Ayuntamiento. Las normas internas del Área de Economía y Hacienda (su decreto de estructura) califican este documento de "preceptivo" cuando el gasto público supere los 500.000 euros.

Así lo determina la norma referida al sector público del Consistorio, entre cuyas competencias está "emitir informe, desde una perspectiva económica-presupuestaria y mercantil, con carácter preceptivo y previo a la tramitación de actuaciones de las sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento de Madrid" en el caso de "contratos que conlleven gastos para la sociedad municipal por un importe superior a 500.000 euros".

El Consistorio adquirió BiciMad a la firma vasca Bonopark —que perdía 300.000 euros al mes por este servicio— a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Fue una de las municipalizaciones más celebradas del gobierno de Ahora Madrid (Podemos, IU, Equo y Ganemos), que obligó al Ayuntamiento a realizar una transferencia de capital de 10,5 millones a la EMT, que se aprobó en junta de gobierno. Esta operación también necesitaba del visto bueno de la dirección general de Economía y Sector Público.

El Ayuntamiento, sin embargo, afirma que "el contrato de cesión entre Bonopark y la EMT firmado en mayo no requiere ningún informe de sector público". Y añade: "Posteriormente, en el momento en que el Ayuntamiento decide aportar 10,5 millones a la EMT para ahorrar los intereses del pago a plazos previstos, el Consistorio pone en marcha un expediente de financiación, en el que sí consta ese informe de sector público. Después realiza la transferencia a la EMT".

La compra de BiciMad ha generado varias polémicas. Los partidos de la oposición creen que el dinero pagado no corresponde al valor real de BiciMad. Por ello pidieron varios informes, entre ellos el de Sector Público, sin recibirlos. Además, aprobaron en enero celebrar una comisión de investigación que, debido a los retrasos en la entrega de la documentación, lleva semanas aplazándose. Mientras, el PP ha presentado una denuncia contra la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, por un supuesto caso de prevaricación.

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