Carmena encarga una auditoría sobre BiciMad un año después de comprarla

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) encargó en diciembre una auditoría externa para "verificar los criterios del precio de cesión del contrato de BiciMad". Lo hizo un año después de que el gobierno de Manuela Carmena pagara 10,5 millones para municipalizar el servicio, que perdía 300.000 euros al mes, y ante las críticas del PP, que amenazó con llevar el asunto a los tribunales. El Ayuntamiento anunció este lunes que la auditoría apunta a que el valor de BiciMad es de 10,6 millones. Para el informe, la EMT eligió sin concurso público a una empresa que no detectó el desvío de 23 millones en el 'caso Palau'. El plazo fue de 10 días.

El gobierno de Carmena municipalizó BiciMad en septiembre de 2016. Bonopark, firma dueña del servicio de bicis compartida que desembarcó en Madrid durante la etapa de Ana Botella (PP) tenía pérdidas de 300.000 euros al mes. Ante el peligro de la caída del servicio, el Ayuntamiento lanzó una oferta de 10,5 millones (más IVA) para municipalizarla. Aseguró a Bonopark su continuidad en BiciMad como "proveedor tecnológico". En el momento del cierre del acuerdo, la portavoz municipal Rita Maestre habló de "gran día para Madrid" y de "compromiso" hacia la movilidad sostenible del gobierno de la marca de Podemos.

La decisión, sin embargo, levantó ampollas entre los políticos de la oposición municipal. El PP pidió una valoración externa sobre BiciMad, que el Consistorio rechazó. La delegada de Medio Ambiente y responsable política de la EMT, Inés Sabanés, tachó de "osadía" las sospechas de los populares sobre la valoración realizada por de la EMT. Con el apoyo del PSOE tumbó la iniciativa en el pleno.

A partir de entonces, el gobierno local inyectó varios millones de euros en BiciMad, pero tras una investigación del diario Abc que habló de falta de una valoración oficial y documentos sin firmas ni membrete, el PP amenazó con llevar el tema a los tribunales por un presunto caso de malversación de caudales públicos.

En plena polémica sobre el valor de Bicimad, el gobierno de Carmena ha decidido cambiar su estrategia y pedir a una sociedad externa su opinión sobre la adquisición. El pasado 19 de diciembre la EMT contrató a una consultora externa, Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría S.A., para que auditara la compra.

Para la elección de la empresa auditora, el Consistorio usó la vía discrecional, sin concurso público, y en la puja solo participó una sociedad, según se recoge del expediente oficial. Para la auditoría, la EMT pagó 3.700 euros, y el plazo para la entrega del trabajo es de 10 días.

La empresa adjudicataria fue la consultora catalana conocida, entre otras cosas, por haber auditado las finanzas de la fundación presidida por Fèlix Millet (vinculada al Palau de la Música entre 2001 y 2008) y por no haber detectado el desfalco de 23 millones que ha derivado en el caso Palau, en el que están involucrados dirigentes de la ex Convergencia y Unió. Este lunes, la Audiencia de Barcelona impuso una pena de 9 años y 8 meses de prisión a Millet y 7 años y medio a Jordi Montull, saqueadores confesos del Palau.

La auditoría sostiene que el valor de Bicimad ronda los 10,6 millones de euros, tan solo 100.000 euros más del precio pagado por el Consistorio (la valoración final de BiciMad se ha estimado en 9,5 millones y el valor de los flujos de caja que se esperan obtener durante el periodo de concesión, en 11.1 millones). De esta manera, cree el gobierno de Carmena, la cantidad abonada es ajustada al valor de los activos adquiridos.

"El valor promedio de los valores corregidos de los activos tangibles e intangibles, así como de los flujos de caja que han servido de base para determinar el precio final de la cesión se sitúa en 10,6 millones", recoge el documento mencionado por Europa Press, que añade que se ha "verificado la razonabilidad de los criterios utilizados para determinar el precio de la cesión del contrato de transferencia".

Durante el año de gestión pública, el Consistorio ha difundido datos sobre la mejora tanto en términos técnicos como de usuarios. No obstante, los partidos de la oposición siguen cuestionando el coste del servicio y la relación con Bonopark. Para el futuro, el gobierno municipal prevé ampliar las estaciones hasta salir de la M-30 con tres de ellas. La inversión prevista es de 1,9 millones.

El Ayuntamiento de Madrid explicó este lunes que la auditoría analizó "tanto la información existente en el momento de la cesión del contrato como la valoración realizada". Según el Consistorio, el informe se pide ante "el daño que se estaba causando a la imagen de la EMT".

Ante las acusaciones del PP, liderado en el Ayuntamiento por José Luis Martínez-Almeida, la delegada de Medio Ambiente negó la existencia de un caso de sobreprecio en el pleno de noviembre. La edil popular Inmaculada Sanz aseguró entonces que su formación tenía "fundadas sospechas de que esta operación ha podido ser lesiva, porque el precio que ha pagado el Ayuntamiento está inflado, y se ha hecho sin garantías oficiales, ni membretes ni valoraciones objetivas". El PP pidió una comisión de investigación sobre el asunto, pero la coalición de Ahora Madrid logró evitarla gracias a los votos del PSOE.