La oposición bloquea la comisión de Bicimad al no tener la documentación solicitada

La oposición en el Ayuntamiento de Madrid (PSOE, PP y Ciudadanos) acordó este martes por unanimidad no convocar la primera sesión de la comisión de investigación sobre la compra de BiciMad. Los partidos acusan de "opacidad" al gobierno, que evita entregar todos los informes de la cesión del servicio a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y despejar las sospechas de irregularidades en una operación de 15,1 millones de euros. El ejecutivo alega que, debido a una querella del PP, los papeles están en manos de los jueces. Pero el PSOE y Ciudadanos creen que es una excusa de la alcaldesa para negar los informes.

La comisión de BiciMad acabó este martes con otra fumata negra. Los partidos de la oposición se niegan a comenzar la investigación hasta que el gobierno municipal —formado por Podemos, IU, Equo y anticapitalistas— entregue todos los documentos. Acusaron de "falta de transparencia" al gobierno de la alcaldesa, Manuela Carmena, y actuar de forma parecida a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en el caso del Canal de Isabel II: alegó que como el asunto estaba en manos de los jueces, no podía darle a la oposición parlamentaria la documentación hasta que el juez lo permitiera.

"Nos seguimos encontrando con el escollo de la documentación. Apelamos a la honestidad de Inés Sabanés [concejal de Medio Ambiente] y a la del gerente de la EMT, porque se investigan temas municipales y tenemos que tener acceso a estos documentos", afirmó la socialista Mercedes González tras salir de la reunión. Sergio Brabezo y Begoña Villacís, de Ciudadanos, hablan de "documentos clave" que deben ser analizados.

La portavoz municipal, Rita Maestre, rechazó la comparación con Cifuentes: "En la Comunidad hablamos del saqueo millonario al que el PP ha sometido a las arcas públicas. Aquí estamos hablando de que el Gobierno de Madrid recibió un servicio de bicicletas nefasto y que por una cantidad no superior a los 10 millones [en realidad se han desembolsado ya más de 15, sin incluir el IVA], perfectamente legal y fiscalizada, ha logrado que el servicio funcione muy bien".

En manos de los jueces

Maestre también sostuvo que "el grueso de la documentación" ha sido entregado ya a los grupos y aseguró que el gobierno local ha preguntado al juez si puede entregar el resto, que está siendo analizado por los tribunales tras la querella criminal por prevaricación interpuesta por el PP.

Mientras la investigación no arranca, los plazos previstos para la comisión, de tres meses prorrogables, no corren. Pero con un problema: al retrasarse esta, puede darse la situación de que sus conclusiones no se hagan públicas antes de las próximas elecciones, en mayo de 2019. Por ello, los ediles del PP acusaron este martes al gobierno de Ahora Madrid de querer "dilatar" el inicio de los trabajos de este órgano. Recordaron que todavía no existe secreto del sumario en la querella contra la edil Inés Sabanés y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia. Y creen que no hay argumentos para negar los papeles. "El acuerdo con Bonopark [propietaria de BiciMad] fue vergonzoso y estamos hablando de una empresa pública", insistió Álvaro González, concejal del PP.

La documentación solicitada por los partidos se divide en tres grupos: la antecedente a la compra; los papeles de la negociación, el procedimiento de compra y el inventario realizado por el equipo de Carmena, y la valoración, aspectos económicos, auditoría y prestación de servicio de la EMT. Los grupos de la oposición aseguran haber accedido solo al primer bloque, mientras que otros 28 informes siguen sin entregarse, tal y como adelantó EL PAÍS. Los papeles no están disponibles, dice el Consistorio, por ser supuestamente confidenciales, no encontrarse o "no proceder" su entrega.

El Ayuntamiento de Carmena se hizo en 2016 con un servicio privado que perdía cada mes 300.000 euros. Procedió a una valoración interna y concluyó que el precio de 10,5 millones de euros era adecuado. Con el pasar de los meses, sin embargo, surgieron las primeras dudas. Los partidos pidieron acceder a los expedientes, pero el gobierno se negó. Tras algunas actuaciones municipales poco ortodoxas, como el encargo de una auditoría externa contratada a dedo un año después de la compra, exigieron investigar a través de una comisión.

Dicho organismo se encuentra ahora atascado. El acuerdo plenario planteaba abrir la investigación en febrero. Pero en la primera junta de portavoces los ediles de PSOE, PP y Ciudadanos reprocharon la tardanza del gobierno en entregar los documentos que habían solicitado. El guion se repitió la semana pasada. El presidente de la comisión, el socialista Nacho Benito, se negó a convocar la primera sesión por el mismo problema. Este martes, Benito explicó que de momento no existe un acuerdo sobre el próximo encuentro.