“Nos han reemplazado por docentes jóvenes, con poca experiencia pero con el valenciano”

“Si no encontramos una solución, cuando acabemos el paro, estaremos desahuciados laboralmente, sin derecho a indemnización ni reconocimiento profesional”, denuncia Enrique R. Martínez, profesor interino de Formación Profesional durante los últimos 15 años en Castellón y en paro desde septiembre porque no cumple el requisito lingüístico del valenciano que exige la Generalitat desde este curso escolar. Con 61 años, este docente nacido en Madrid, que llegó a Castellón en 1993 para estudiar y quedarse, comparte destino con otros 1.200 enseñantes interinos, que han recurrido a los tribunales y al Defensor del Pueblo para denunciar lo que consideran una discriminación y un agravio.

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El caso de Enrique R. Martínez, que enseña a los alumnos la utilización y mantenimiento de máquinas industriales, es común. Se vino hace 25 años a estudiar a la capital de La Plana Ingeniería Técnica en Diseño Industrial porque la Universidad Jaume I era una de las pocas que la impartía. Sobre el 2001 accedió a una bolsa de trabajo de la Consejería de Educación para hacer sustituciones en su especialidad. Estuvo atendiendo emergencias y más tarde optó a la bolsa de vacantes. Durante casi 15 años ha enseñado en centros de FP de Castellón y Sagunto, hasta que el pasado 1 de septiembre quedó desactivado porque carecía del requisito lingüístico. Este requisito lo introdujo la Consejería de Educación en 2013, cuando publicó con más de una década de retraso la catalogación lingüística de todas las plazas docentes de Secundaria y Formación Profesional. En la misma orden se establecía una moratoria de cuatro años, que vencía en 2017, para dar tiempo a todos a prepararse.

Este enseñante asegura que se ha matriculado en la Escuela Oficial de Idiomas de cursos en valenciano cuando se lo ha permitido su trabajo y reconoce que después de examinarse cinco o seis veces no ha conseguido aprobar. “Empezó siendo un mérito no un requisito”, subraya Enrique que, al igual que otros muchos, pensaba que la orden no se iba a ejecutar finalmente. En su defensa, argumenta que a los centros de enseñanza donde ha impartido clase apenas ha llegado información sobre aprendizaje del valenciano. “Siempre que he hecho cursos ha sido con cargo a mi horario libre y con mi dinero”, advierte tras asegurar lo difícil que resulta acceder al aprendizaje en los centros CEFIRE (servicio de formación del profesorado) de la Consejería de Educación: “Me quise apuntar y el mismo día en que salió la convocatoria ya había más de 30 solicitudes, y las plazas eran limitadas”, rememora. "Con el valenciano han apretado a última hora", opina.

Subraya Enrique que se enteró de que el requisito lingüístico del valenciano se iba a exigir de forma categórica a finales de 2016. Ahora todas las plazas de interino de Infantil, Primaria y Secundaria –con excepción de algunas especialidades como Religión, Música, etcétera- están catalogadas en valenciano por lo que es imposible optar a una de ellas sin aprobar el C1 de valenciano y la posterior capacitación. “Nos han reemplazado por docentes jóvenes, con poca o ninguna experiencia pero con el valenciano”, denuncia.

El año pasado un grupo de profesores sin esa capacitación se unieron y presentaron una demanda en los tribunales contra su despido por agravio comparativo y discriminación respecto de los profesores con plaza fija, que no tienen obligación de tenerlo [aunque, según Educación, lo tiene la mayoría del profesorado]. Enrique continúa en la bolsa de trabajo con un apunte al lado donde puede leerse “Pendent de capacitació”, pero no sabe por cuánto tiempo podrá permanecer en la misma. En julio pasado, los tribunales les denegaron la suspensión cautelar de la orden que exige el valenciano que se pedía en la demanda aunque no hay sentencia todavía sobre la cuestión de fondo.

“Con el valenciano solo han apretado a última hora”, dice Enrique Martínez, interino en paro

Le han escrito hasta al Defensor del Pueblo exponiendo el caso y trabajan en un escrito para denunciar a la Comisión Europea lo que entienden como una discriminación. Creen que la Generalitat debería proteger de algún modo al profesorado más mayor como han hecho otras autonomías como Andalucía, Asturias o Canarias.

El sindicato UGT-PV, que se ha reunido con altos cargos de Educación para abordar el problema de este grupo de profesores, apunta que el requisito lingüístico en valenciano, que se aprobó durante la etapa de gobierno del PP, ha provocado “el despido masivo y la patada en el trasero” de muchos profesores con 10, 20 e incluso 30 años de experiencia, muchos de ellos –como es el caso de Enrique- mayores de 55 años que ven en peligro el acceso a la jubilación.

El sindicato reclama que la moratoria se amplíe y se elimine el requisito a los profesores mayores de 45 años y con 10 años de servicio. También demandan que se permita trabajar a este profesorado en las zonas que la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià describe de predominio lingüístico castellano.

El departamento de Educación de la Generalitat precisa que el colectivo de interinos en esta situación en el ciclo de Secundaria y FP es de unas 500 personas de un total de 18.000 interinos que trabajan en el sistema educativo valenciano. Sobre la denuncia de discriminación, este departamento recuerda que la orden de 2013, cuando todavía gobernaban los populares, "es fruto de un acuerdo con todos los sindicatos", incluida la UGT-PV. A los funcionarios de carrera que sacaron su plaza de docente antes de la orden de 2013 no se les exigía el requisito y, por tanto, no están obligados, aunque no son un número elevado, continúa la consejería. 

Según la Consejería, desde el curso 2015-2016 pusieron en marcha un plan de acompañamiento “muy intenso” para darles facilidades y que obtuvieran la capacitación. “Además, el profesorado interino que no tiene la capacitación, en lugar de ser expulsado de la bolsa de trabajo, como establecía la orden de 2013, solo se desactiva y vuelve a recuperar su posición en cuanto obtenga la calificación”.

Educación insiste en que el departamento ha convocado hasta 2021 unas 13.000 plazas de oposición y que desde que está el Gobierno del Botànic hay 5.000 profesores más trabajando.