La normalización lingüística llega por fin a la enseñanza Secundaria

Este miércoles comenzó a satisfacerse una larga reivindicación de la comunidad educativa. La mesa técnica que reunía a la Administración con los sindicatos docentes dio vía verde a la orden por la que se catalogan de los puestos de trabajo docentes de Bachillerato, Secundaria, Religión y Formación Profesional, con el requisito de estar capacitado para impartir la docencia en valenciano. Una orden muy bien recibida en el ámbito educativo, que agregó a los profesores de FP, ausentes en el borrador de la norma. Queda aplazada sin fecha la catalogación de otras enseñanzas, como las artísticas, puesto que como destacaba el CSIF en un comunicado “un alto porcentaje de ellos carece de esta capacitación”.

Y es que, aunque parezca sorprendente al no avisado, a día de hoy ningún puesto docente de Secundaria está catalogado con el requisito del valenciano. La presidenta de la Confederación de Padres Gonzalo Anaya lo expresaba ayer con claridad: “Nuestros hijos e hijas, matriculados en líneas de valenciano de la ESO, llevan libros en valenciano, pero en el aula se encuentran con docentes que les imparten las materias en castellano”.

Esto, que ocurre actualmente en centros de Secundaria valencianos, es “una contradicción pedagógica y una falta de respeto a nuestra lengua que puede solucionarse con la catalogación lingüística de las plazas docentes”. En Primaria, por el contrario, hace más de una década que se aplicó el requisito lingüístico. Una de las consecuencias de esta contradicción es, que “muchas líneas de valenciano que vienen de primaria se acaban porque en los institutos no se ha regulado ni la catalogación lingüística de los puestos de trabajo, ni el requisito lingüístico en el concurso de traslados”, como constataba el STEPV en su informe al hilo del aniversario de la Llei d’Ús.

Con la catalogación que regula la nueva orden, el profesorado de Secundaria deberá tener el conocimiento adecuado, debidamente acreditado, de los dos idiomas de la Comunidad Valenciana, “tanto a nivel oral como escrito”.

Esa acreditación se refiere tanto la adjudicación de esos puestos en comisión de servicios, como el acceso por concurso de traslados o los nombramientos y contrataciones temporales “de carácter no permanente”.

Según la documentación que la Administración facilitó ayer a los sindicatos, un 17 por ciento del profesorado (incluidos interinos) que imparte clases en secundaria carece de cualquier título de valenciano, pero un 79% tiene, en cambio, el Grado Superior de Coneixements en Valencià, además de otros títulos. En FP, un 28% del profesorado carece de titulación al respecto, mientras que un 40% tiene el Grado Superior.

Lo cierto es que, como destacaba CC OO, “la formación ha descansado sobre la profesionalidad y el voluntarismo del profesorado”. Esta una de las razones por las que los sindicatos pidieron en la mesa técnica un plan de choque para formación específica que sea accesible y público. Ahí quedó la demanda, pero lo que sí que contempla la orden es un periodo transitorio para que el profesorado que no tiene acreditado el requisito lingüístico pueda formarse y obtenerlo. Esta moratoria será de cuatro años y repercutirá a efectos de movilidad.

Importante subrayar que la catalogación solo afectará a los institutos públicos. Los centros concertados quedan excluidos de esta orden, algo que el STEPV critica porque el decreto de plurilingüismo “se debe aplicar en todos los centros sostenidos con fondos públicos”. Por ello, este sindicato ha pedido que la catalogación también se aplique en los centros concertados, medida que queda en todo caso para un estudio posterior.

En general, el grito latente al conocer el lunes el anuncio de la consejería al respecto fue un “ya era hora”, puesto que en 1997 se catalogaron como bilingües los puestos de trabajo de los colegios públicos. Desde FETE-UGT, además, recuerdan, que en definitiva es el “cumplimiento de un mandato legal” que viene desde el mismo Estatut y pasa por la Llei d’Ús, hasta llegar al acuerdo suscrito por la Administración y los sindicatos de la mesa sectorial en 1999, que suponía catalogar todas las plazas docentes, con una fecha límite, 2010, que, como se puede comprobar, no se respetó.

Algunos apuntaban, asimismo, que con la aplicación del decreto de plurilingüismo en marcha, que ya ha comenzado a aplicarse este curso en Infantil, hubiera resultado, además, incoherente, que comenzaran a catalogarse puestos de Secundaria en inglés cuando todavía no se había procedido a hacer lo propio con una lengua oficial.