Trabajo exige seis millones al Gobierno regional por hacer mal las retenciones

La Seguridad Social ha detectado que la Comunidad de Madrid retuvo a una media de 3.700 funcionarios un importe menor del legal que se destina a la cotización de los trabajadores por accidentes de trabajo y enfermedad profesional entre 2013 y 2017. Así se ha generado una deuda de 5.625.513 euros (la cantidad que no se pagó más el 20% de recargo) con el Estado. La Consejería de Economía no está de acuerdo e interpondrá alegaciones al acta de liquidación, que no es firme.

En el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 y el 30 de junio de 2017, la Comunidad de Madrid aplicó el 1% de retención en la nómina de alrededor de 3.700 funcionarios que trabajan en direcciones generales de diferentes consejerías del Gobierno regional. De esta cantidad, el 0,65% se destinaba para la incapacidad laboral y el 0,35% para invalidez, muerte y supervivencia, para el caso de que se produjeran accidentes de trabajo o enfermedades de tipo profesional.

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Pero esta retención, según la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social debe ser mayor, del 1,65%. El acta de liquidación sostiene: “Existe, por tanto, una diferencia en la cotización por invalidez, muerte y supervivencia por accidente de trabajo y enfermedad profesional de un 0,65%”. La Seguridad Social le pide al Ejecutivo regional ese importe aumentado con un 20% de recargo. El oficio no es firme, de tal forma que el Ejecutivo regional cuenta con 15 días hábiles a contar desde la recepción de la notificación para interponer alegaciones.

Un portavoz del departamento de Comunicación de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, aseguró ayer a EL PAÍS que piensan ejercer ese derecho: “No estamos de acuerdo con la conclusión a la que han llegado los inspectores de Trabajo”. La misma fuente añade que “la normativa no es nada clara”, motivo que ha provocado la disparidad de opiniones, en la que no ha existido “ninguna intención de cometer una infracción”. Además, añade el portavoz gubernamental, “parece que no se está siguiendo el mismo criterio en otras comunidades”.

El problema se ha generado debido a que existen dos epígrafes de cotización para dichos conceptos. La actividad de la Comunidad de Madrid de personal se inscribe en el régimen general de la Seguridad Social como actividades generales de la Administración Pública. Ahí se encuentran desde las actividades legislativas, al orden público y la seguridad, pasando por los asuntos exteriores. “Parece claro” que las actuaciones realizadas por la Comunidad de Madrid “encajan plenamente” en este lugar. A esas actividades les corresponde una determinada cotización por las contingencias de accidentes de trabajo enfermedades profesionales.

Es en ese punto donde produce la discrepancia entre ambas administraciones. El Gobierno regional consideró que los 3.700 empleados públicos afectados se debían inscribir en otro epígrafe: el de las personas que ejercen un trabajo de oficina, no en el de Administración Pública. “Es decir, empleados que realizan su labor sin salir del recinto donde trabajan”, explica el portavoz de la Consejería de Economía. A partir de 2016, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha determinado que la inscripción en personal exclusivo de oficina debe ser una excepción, añade. Como el Gobierno regional seguía otro criterio, se ha acumulado la deuda que ahora reclama la Seguridad Social.

Incompetencia

El diputado del PSOE José Luis García considera que este varapalo a las arcas públicas se debe a la “incompetencia del Gobierno de Cifuentes”. “No solo hay que hacer frente a la diferencia que no se abonó, sino al recargo”.

El parlamentario recuerda que el acta de liquidación llega después de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo que anula los pactos de gestión que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) suscribió en 2015 con 11 hospitales de la región para realizar operaciones y pruebas diagnósticas en turno de tarde y durante los fines de semana. Se pretendía así disminuir la lista de espera.

“Y por si esto fuera poco”, añade, “el Gobierno central ha interpuesto un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el pacto alcanzado el pasado verano Cifuentes y los sindicatos judiciales para la mejora salarial del sector”.