Educación corrige a la ministra de Sanidad sobre la casilla lingüística en Cataluña

Apenas dos horas después de que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, asegurara ayer que el Gobierno quiere incorporar la llamada casilla lingüística en la preinscripción escolar catalana, un portavoz del Ministerio de Educación la corrigió: “Ha tenido una confusión”. Según el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo, Educación “sigue trabajando” en la búsqueda de una fórmula sobre la que apenas ha facilitado detalles hasta ahora. El cambio que se lleve a cabo, eso sí, afectará solo a los alumnos que hagan preinscripción, no a todos.

La ministra Dolors Montserrat dijo ayer por la mañana que las familias que viven en Cataluña podrían seleccionar la lengua vehicular (catalán o castellano, con un mínimo del 25% que han fijado distintas sentencias judiciales) en la que quieren que se eduque a sus hijos en colegios e institutos públicos y privados concertados de la autonomía. Hasta ahí ninguna diferencia con lo que ha garantizado sin más aclaraciones su colega de Educación.

“Nuestra prioridad es el derecho de los padres a escoger libremente la educación de sus hijos y, por tanto, nosotros vamos a cumplir la ley y las sentencias judiciales y va a existir esa casilla porque es devolver un derecho a los padres”, añadió la ministra de Sanidad en una visita al Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol de Badalona. Y ahí es donde su discurso difiere de lo poco que ha trascendido de los planes del Gobierno.

Méndez de Vigo descartó explícitamente que hubieran decidido colocar una casilla en los formularios de preinscripción de los centros. Son los que deben completar los alumnos que acceden por primera vez a la educación, los que quieren cambiar de centro o quienes se trasladan de otra comunidad autónoma, de ahí que esta medida no vaya a afectar en ningún caso a todos los escolares, aclara un portavoz de Educación. La preinscripción se suele realizar a finales de marzo, aunque el Departamento de Enseñanza anunció ayer que este año se retrasará "a finales de la primera o segunda semana de abril" debido a "cambios organizativos", como son reducir el calendario del proceso de matriculación (que solo haya un mes entre la preinscripción y la formalización de la matrícula).

“Devolver un derecho”

La casilla sería el primer paso para “devolver un derecho”, como señaló ayer Montserrat. Con el formulario se puede conocer el número de familias que quieren que el castellano tenga más presencia en la educación de sus hijos. En la actualidad, el modelo de inmersión lingüística solo fija en castellano la asignatura de Lengua Castellana. La Lomce estableció que, en las zonas con lenguas cooficiales, ambas debían estar representadas en la escuela en una “proporción razonable”. Esa proporción equivaldría a un 25% de las clases troncales, lo que supone impartir una asignatura más a la semana en esta lengua (unas tres horas semanales). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido distintas sentencias con este porcentaje, la primera en 2014, para casos individuales, es decir, para las familias que han ido reclamándolo.

Lo que declaró Montserrat no es muy distinto de lo que ha pedido Educación en los recursos que ha presentado los últimos tres cursos contra los formularios de matrícula escolar elaborados por la Generalitat. En el último, el ministerio pedía “un apartado en el que los solicitantes puedan expresar su demanda de recibir enseñanza en castellano como lengua vehicular, en una proporción razonable”. Hasta la fecha, no ha aclarado si finalmente esa será la fórmula que active finalmente. Todo, además, si los independentistas no llegan a un acuerdo de investidura antes de finales de marzo, cuando normalmente se hace la preinscripción escolar. Este procedimiento está ahora en manos del Gobierno de España, con las competencias transferidas en virtud del artículo 155.

Ante la controversia que ha generado la propuesta sin detallar del Gobierno —rechazada por el grueso de la comunidad escolar, por partidos independentistas y el PSC y solo aplaudida por Ciudadanos—, la ministra respondió a preguntas de los periodistas sobre este asunto. “Lo único que estamos haciendo es retornar el derecho y la libertad de un padre a poner una crucecita en una solicitud de matriculación sobre en qué lengua quieren educar a sus hijos”, dijo.

La segunda parte sería habilitar un sistema para que los virtuales estudiantes que lo pidan puedan recibir las clases que demandan en castellano, otro aspecto sobre el que Educación tampoco ha dado detalles hasta la fecha. Una posible pista puede ser lo que reclamaba el PP en Cataluña el curso pasado. Presentaron una moción para pedir que se abriera al menos un centro público o concertado en cada municipio o zona de escolarización que ofrezca castellano como lengua vehicular y que se publicara la lista con los nombres de esos centros.