El fiscal pide tres años de prisión para un matrimonio que invirtió en el Congo esquivando a Hacienda

La Fiscalía de Pontevedra ha solicitado tres años de prisión y multa de 600.000 euros para un matrimonio de Caldas de Reis (Pontevedra), Enrique Otero Cascallar, de 57 años, y María del Mar Barros González, de 50, por invertir 1,6 millones de euros en una mina de cobre de la Republica Democrática del Congo-Zaire. El Ministerio Fiscal concluye que el dinero invertido es opaco, al no haber acreditado su origen los acusados por lo que tampoco pagaron las correspondientes cuotas tributarias a la Hacienda pública.

Con este juicio se cierra uno de los capítulos de una amplia investigación patrimonial que se abrió en 2015 para descubrir una parte de la aparente fortuna del empresario y presunto narcotraficante de Vilagarcía, Óscar Rial, apodado El Pastelero, en la que aparecían varias operaciones sospechosas y supuestos testaferros, entre ellos el matrimonio ahora acusado.

Pero la causa se cerró un año después con un juicio de conformidad por delito fiscal ante la falta de pruebas para acusar a Rial de haber creado un entramado de sociedades interpuestas para blanquear dinero. Una investigación que se desinfló cuando el proceso por narcotráfico contra El Pastelero y su presunta organización tuvo que ser archivado al no comparecer en el juicio el testigo de cargo que los había implicado con un cargamento de 3,5 toneladas de cocaína que apresó Vigilancia Aduanera en junio de 2008.

La fiscalía continuó la investigación sobre la sospechosa inversión de la mina de cobre africana en una causa aparte, pero en la que ya no se señalaba al matrimonio de Caldas como supuestos testaferros, si no como inversores particulares que habían destinado en la operación de divisas fondos opacos esquivando a la Agencia Tributaria.

En 2009, Otero Cascallar y su mujer transfirieron desde una cuenta de bancaria de la entidad Caixanova (actual Abanca) 137.000 euros y 1,5 millones al año siguiente. El motivo de las transferencias era adquirir participaciones en la sociedad mercantil congoleña Mhyrre Minerals and Metal SPRL “Su intención, según el fiscal, era eludir el pago de tributos a la Hacienda Pública española dado el origen desconocido u opaco de los fondos con los cuales se realizaron las transferencias a la empresa congoleña”, recoge el escrito de acusación.

Insiste el fiscal de Caldas, Alejandro Pazos, que el matrimonio presentó declaración tributaria en régimen de separación de bienes en las que omitieron el importe de sus ganancias (las cantidades transferidas) no justificadas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

Según los cálculos de Hacienda, la cuota defraudada por Ernesto Cascallar por ingresos en su cuenta bancaria no justificados fue de 312.000 euros y de casi otros tantos por parte de su mujer María del Mar Barros, por lo que el fiscal solicita en su escrito de acusación que paguen una multa de 600.000 euros cada uno.

También pide para el matrimonio la pérdida durante cinco años de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como del derecho a tener beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social si fueran condenados por el delito tributario.