El Pastelero elude con dinero la libertad condicional

Después de abrirle dos causas que supuestamente le implicaban en el tráfico de cocaína, Óscar Rial Iglesias, El Pastelero, supuesto dirigente de una de las mayores redes de importación en Galicia, ha arreglado con dinero su último envite judicial. En medio de una gran expectación mediática, la llegada de Rial este viernes a los juzgados de A Parda, en Pontevedra, no pudo pasar menos desapercibida. Emulando a conocidos narcotraficantes gallegos en similares trances, El Pastelero se tapó la cara para evitar a los fotógrafos fuera y dentro de la sala de vistas.

Dos horas antes de comenzar la vista, El Pastelero llegó a los juzgados en un taxi con las puertas pintadas para despistar. Flanqueado por su abogado Luis Montero Senra, Rial reconoció un delito fiscal en un juicio de conformidad con la fiscalía, el abogado del Estado y Hacienda que conlleva una condena de seis meses de prisión pero a petición de su letrado podrá sustituirla por dinero: 5.400 euros a razón de 15 diarios. En total tendrá que pagar 800.000 euros entre multas y costas derivadas del juicio de los que ya ha adelantado la mayor parte. Con este pago evita la libertad condicional.

La causa que en principio se instruyó como un delito de blanqueo de dinero del narcotráfico (por el que fue detenido en diciembre de 2014 y quedó el libertad bajo fianza de 200.000 euros) ha sido cerrada por el fiscal y el abogado del Estado con un acuerdo con el acusado que se ha plasmado este viernes en la vista oral. Según el pacto, Rial recupera su chalé embargado en la urbanización de El Rial, en Vilagarcía, que había sido propiedad de Sito Miñanco, valorado en casi un millón de euros.

Sin antecedentes pero con dos detenciones que le llevaron a los tribunales, la policía todavía no ha podido vincular al Pastelero, de 43 años, con grandes transportes de droga que aparentemente le sitúan en el primer escalón del tráfico de cocaína en España. Rial había pasado las navidades en la prisión de A Lama tras ser detenido junto a otras siete personas a los que se les implicaba en una supuesta red de blanquero dinero.

El acuerdo de conformidad también contempla el sobreseimiento de la causa respecto a los imputados Martín Martínez Iglesias y Clotilde Castelo Baulde (ambos familiares del Pastelero); el abogado de Madrid, José Ramón García Crespo, y los que aparecían como presuntos testaferros, algunos jubilados con residencia en Madrid: Unai Lureiro Babarro, Rafael González Pailos, José Luis García del Val y María Jesús Quesada Fernández.

Sin pruebas de que los bienes intervenidos fueron de él o que el dinero destinado para comprar el chalé tuviera su origen en el tráfico de drogas, Hacienda abrió nuevas pistas en la declaración de la renta de Óscar Rial. Detectó que el perseguido jefe narco presentó en el ejercicio de 2011 una base liquidable de 985,27 euros y una cuota de cero euros, cuentas que no cuadraban con las de los inspectores.

Según los cálculos del fisco, la base liquidable correspondiente era de 872.985,27 euros y la cuota defraudada a pagar sería entonces de 381.553,44 euros. Antes de cerrar el acuerdo con la fiscalía, Rial consignó la cuota impagada, más 59.121 euros por lo intereses de demora y una multa de 248.000 euros. El caso ya estaba cerrado.

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía permitió descubrir un entramado de al menos 30 empresas en varios países como Brasil o Uruguay con negocios inmobiliarios. También se interceptó una sospechosa transferencia bancaria de un millón y medio de euros para comprar una mina de cobre en la República del Congo.

La compra de este yacimiento, sin embargo, sigue su curso judicial contra los vecinos de Caldas de Reis (Pontevedra) Ernesto Otero Cascallar y su mujer Mar B.G., por un delito fiscal. El matrimonio de Caldas quedó libre de cargos en la causa de blanqueo al no poder probar que actuaran como testaferros. Aunque ambos han asumido la operación de compra, se investiga la procedencia de una parte del dinero que transfirieron al país africano, mientras declararon que la otra se había retirado de una libreta de ahorros del banco.

En esta misma investigación, la Udef también apuntó hacia José Constante Piñeiro Búa, Costiñas, con una amplia ficha policial pero sin antecedentes penales, por un posible delito fiscal. El asunto se abrió en un juzgado de Cambados por varias operaciones sospechosas de compra de hierro a empresas portuguesas en torno a una sociedad propietaria de una nave industrial en el puerto de Tragove. El fiscal sostiene en su querella que las facturas son falsas para supuestamente encubrir la financiación de la nave con dinero negro.

Tanto El Pastelero como Costiñas estuvieron implicados en un cargamento de 3,5 toneladas de cocaína capturado en 2008 a bordo del pesquero San Miguel, valorado en 120 millones de euros. Uno de los tripulantes del barco decidió colaborar con la policía y los implicó en aquel transporte.

Con 25 acusados, el juicio arrancó con el plantón al tribunal del arrepentido al que envió una carta donde se retractaba de todas las acusaciones. Su huida fue corta porque un año después José Luis Fernández Tubío fue detenido en un control de tráfico en Zamora con documentación falsa. Al final, solo él y otros dos marineros fueron condenados, mientras la Audiencia Nacional invalidó sus acusaciones y archivó el proceso después de cinco años de instrucción.