El TSJC devuelve al juez del ‘caso 3 %’ la causa de Gordó porque ya no es diputado

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha devuelto al juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso del 3 %, de supuesta financiación irregular de CDC, la pieza abierta en el alto tribunal al exconseller Germà Gordó, tras perder este su condición de aforado al dejar de ser diputado. En un auto, el magistrado del TSJC Carlos Ramos declara su incompetencia para proseguir con la investigación que abrió a Gordó, el pasado 22 de junio, y se inhibe a favor del titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell, que desde el año 2013 investiga el caso del 3 %.

El TSJC acordó investigar a Gordó el pasado mes de junio, cuando todavía era diputado en el Parlament antes de la disolución de la cámara acordada en aplicación del artículo 155 de la Constitución, después de que la Fiscalía Anticorrupción le situó como el "conseguidor" o "recaudador" de la trama del 3 %, al supervisar la labor del tesorero del partido Andreu Viloca, imputado en la causa.

Al disolverse el Parlament el pasado 27 de octubre, la Cámara catalana ha certificado al TSJC que el exconseller —que tras ser imputado pasó a ser diputado no adscrito— no forma parte de la Comisión Permanente, por lo que ya no goza de la condición de aforado. Durante el casi medio año en el que la causa abierta a Gordó ha permanecido en manos del alto tribunal catalán, el magistrado del TSJC Carlos Ramos ha interrogado en una ocasión al exdiputado, el pasado 14 de septiembre, en una sesión en la que este admitió haberse reunido con algunos de los empresarios investigados en la causa, aunque alegó que esa era su obligación por sus responsabilidades en la Generalitat.

En su declaración, Gordó, para quien la Fiscalía pidió sin éxito que el TSJC le prohibiese salir de España, desvinculó al expresidente catalán Artur Mas de la gestión económica del partido y aseguró que de esta se ocupaba él mismo y el tesorero de CDC Andreu Viloca. El magistrado del TSJC también envió a la Guardia Civil el pasado 20 de julio a la Generalitat y al Parlament a buscar la agenda y los correos electrónicos de Gordó, que no dejó ni en la sede del gobierno catalán ni en la conselleria el registro de visitas y la agenda con sus reuniones privadas.

Según Anticorrupción, Gordó participaba en la trama del 3 % desempeñando el papel de "conseguidor" o "recaudador", por lo que el juez de El Vendrell pidió hasta en dos ocasiones al TSJC que le investigara por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Gordó, que ocupó los cargos de gerente y miembro de la dirección y secretariado de CDC, secretario del gobierno catalán, conseller de Justicia y presidente y consejero de empresas públicas, además de diputado en el Parlament, "supervisaba" la labor del tesorero de CDC Andreu Viloca, según Anticorrupción.

Viloca era quien, según el ministerio público, controlaba "en una primera instancia, de forma sistemática, los pagos encubiertos que recibe finalmente CDC" a cambio de la adjudicación de obra pública, que suponían "verdaderos cohechos bajo la apariencia de donaciones", a través de las fundaciones vinculadas al partido, como CatDem y Forum Barcelona. El ministerio público resalta en sus escritos que detrás de los empresarios investigados y del tesorero de CDC es "necesaria" la existencia de "alguna persona que tuviera un poder político y social en CDC y en la administración pública de Cataluña", para poder llevar a cabo estas actividades supuestamente delictivas, y concluye que se trata de Gordó.

Para la Fiscalía, "no existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones" mantenidas por Gordó, alguna de ellas en la propia sede del partido e, incluso, en el Palau de la Generalitat, con los empresarios implicados y en ocasiones en presencia de Viloca. Según los fiscales, Gordó era un "actor principal" en las contrataciones públicas que se realizan en Cataluña, al erigirse como "la persona de contacto" de los contratistas de la administración catalana.