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La fiscalía pide que Germà Gordó no salga de España por el ‘caso 3%’

El exconsejero de Justicia y diputado niega haber exigido el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones

Germà Gordó comparece en el parlament por el 'caso 3%'.
Germà Gordó comparece en el parlament por el 'caso 3%'.

Germà Gordó fue, durante años, hombre fuerte de Convergència y mano derecha de Artur Mas. Hoy es diputado no adscrito en el Parlament y el imputado de más alto rango en el caso 3%. La Fiscalía y el juez sospechan que Gordó fue pieza clave en la financiación ilegal del partido: exigía a las empresas el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública. Este jueves, en las cuatro horas de su declaración como investigado, negó haber cometido cualquier ilegalidad. Tras escucharle, la Fiscalía Anticorrupción pidió que se le prohíba salir de España. El juez decidirá hoy si acuerda esa medida.

“Satisfecho de haber explicado los hechos. Siempre dentro de la ley. Pediremos el archivo”, escribió Gordó en su cuenta de Twitter tras abandonar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Allí contestó, entre las 12 y las 16 horas, a las preguntas de todas las partes —incluidas la fiscalía y la acusación popular— para reiterar que nunca ha cometido una ilegalidad y para negar las acusaciones que pesan sobre él. Gordó está siendo investigado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación, financiación ilegal de partidos y malversación.

La Fiscalía Anticorrupción cree que el exconsejero de Justicia —entre otros muchos cargos que ha ocupado en su carrera política— era el “recaudador” o “conseguidor” de comisiones ilegales para la extinga Convergència Democràtica de Catalunya. Según la tesis de la acusación, Gordó exigía a empresas constructoras el pago de donaciones a fundaciones afines al partido (CatDem y Fòrum Barcelona) a cambio de adjudicaciones de obra pública. En su declaración como investigado, Gordó admitió que se reunió con algunos de los empresarios que aparecen involucrados en el caso 3%. Pero matizó que esas reuniones no tenían nada que ver con mordidas, sino que eran una parte más de sus obligaciones como alto cargo de la Generalitat.

Gordó fue gerente de Convergència hasta 2011 y, como tal, jefe directo de los tesoreros del partido: Daniel Osácar primero, Andreu Viloca después. Ambos están igualmente imputados por el cobro de comisiones. Preguntado por el papel del expresident Artur Mas, Gordó le desvinculó de la gestión económica del partido, una función que desarrollaban él mismo y el tesorero.

Al alcanzar la presidencia de la Generalitat, Mas nombró a su hombre de confianza secretario de Gobierno. Y le atribuyó, entre otras funciones, coordinar “las actuaciones de la Generalitat en materia de contratación pública”. Gordó pasó a formar parte, como consejero, de GISA, la mayor adjudicataria pública de la Generalitat (hoy rebautizada como Infraestructures.cat). La Fiscalía cree que Gordó intervino “decisivamente” en al menos cinco adjudicaciones públicas.

En el sumario del caso 3% hay dos clases de indicios contra Gordó. Por un lado, las anotaciones de empresarios que aluden a un supuesto apodo del exconsejero (Gregorio y Gerardo). Preguntados expresamente por ese detalle, los empresarios Sergio Lerma y Josep Manel Bassols, de Oproler —una de las empresas bajo sospecha— afirmaron que sí, que aludían al secretario de Gobierno. Gordó, sin embargo, afirmó ante el juez que ignoraba por completo la existencia de esos nombres en clave.

Testigos protegidos

Existe, además, la declaración de dos testigos protegidos que le vinculan al pago de comisiones. Ambos aluden a su etapa como gerente de CDC. Un constructor que había hecho donaciones al partido explicó que, en 2006, se reunió con Gordó y Mas, y que éste le indicó que las adjudicaciones debía tratarlas con aquél. Más tarde, ya con Mas como presidente, el empresario se encontró en un acto a Gordó, que le recriminó no haber hecho aportaciones. “Tú no obedeces. Ahora a quien no obedeces es president, a ver qué va a pasar”, le dijo, siempre su versión.

Las explicaciones de Gordó no convencieron a los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, que pidieron dos medidas cautelares: que se le prohíba salir de España y que se haga un volcado del contenido de su teléfono móvil personal. Los fiscales pretenden rastrear la agenda y los correos del exconsejero. El juez había pedido al Parlament, sin éxito, que entregara una copia de la agenda de Gordó de su etapa como responsable público. No lo logró y envió a la Guardia Civil al Parlament y a la Generalitat a buscarla. Los agentes han podido reconstruirla, aunque solo parcialmente.

Tras declarar, Gordó accedió voluntariamente a entregar el otro teléfono que utiliza, el oficial del Parlament. El magistrado que instruye la causa, Carlos Ramos, ha convocado hoy a las partes a las 10 horas para comunicarles su decisión sobre las medidas cautelares.

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