La Guardia Civil busca información del 3% en la Generalitat y el Parlament

La Guardia Civil ha accedido este jueves al Parlament, la Generalitat y el Departamento de Justicia, y registró, además, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) en busca de pruebas que le permitan reconstruir la agenda del diputado y exconsejero de Justicia de CDC Germà Gordó, el presunto conseguidor de la trama corrupta del 3%. La agenda, que se considera clave en el caso, ya fue requerida sin éxito durante la investigación. El dispositivo policial llega en un momento de tensión en Cataluña, con el mismo cuerpo policial investigando todos los pasos que se dan para la celebración del referéndum.

Los agentes fueron recibidos con recelo en el Palau de la Generalitat. El consejero de Presidencia, Jordi Turull, dio la orden de que esperasen en una sala, en la entrada, en lo que se conoce como Pati de Cotxeres, y que se les diese la información que requerían por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), competente en el caso porque se trata de un aforado. Normalmente, se les hace esperar en una sala noble del edificio. Fuentes de la investigación matizaron que los guardias civiles no pretendían realizar ningún registro sino que iban en busca de información concreta.

Cinco agentes de paisano aguardaron en la sala a que les entregasen la agenda, el libro de visitas y el listado del personal administrativo de la etapa de Gordó como secretario de Gobierno (2011-2013). Posteriormente, y después de que les entregase una copia en papel de lo único que tenían —la relación de actos oficiales—, un agente entró por orden del juez en secretaría y comprobó que esos eran los únicos datos que existían en los ordenadores. También les entregaron una copia informática.

<CS8.7>Paralelamente, otra comitiva de ocho agentes, encabezada por el fiscal anticorrupción José Grinda, se personó en el Parlament con la orden judicial. “Este es un edificio sin armas”, les comunicó el jefe de seguridad, según presenció Nació Digital, invitándoles a depositar las pistolas en la armería. Ningún policía puede circular con su arma por la Cámara. La presidenta Carme Forcadell permitió que accedieran a la institución y los policías fueron ubicados en los despachos del Departamento de Equipamientos, Infraestructura y Seguridad, situado en la planta baja, junto a la cafetería, para que pudieran realizar su trabajo, como podía haber sido en cualquier otro despacho. Su objetivo era obtener un volcado del correo corporativo de Gordó que les facilitaron los servicios informáticos. Los guardias permanecieron en el Parlament hora y media.

</CS>La expresidenta del Parlament Núria de Gispert recriminó a Forcadell que les hubiese franqueado el paso. “Yo no les dejaría entrar. Turull les ha impedido el paso en Palau. Que entren en el Congreso, que tienen mucho más trabajo”, escribió en Twitter. “Gracias consejero Jordi Turull, se llama dignidad institucional”, se sumó el titular de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull.

En la sede de Justicia, los investigadores no encontraron ningún impedimento. Pidieron la agenda de Gordó en su etapa como consejero de Justicia (2013-2016) y el registro de visitas. Pero solo les pudieron entregar los datos de actos públicos y protocolarios, los únicos que constan sobre su paso por el departamento, según fuentes del mismo. Los funcionarios estuvieron más de tres horas en su interior.

El único lugar que registró la Guardia Civil fue el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, donde buscaron cualquier rastro informático almacenado que pueda aportar luz sobre los pasos que dio Gordó: correos, archivos electrónicos o cualquier otro dispositivo con información sobre las personas con las que se citó.

ERC: "Colaboración total"

Junts pel Sí, como grupo, prefirió no opinar sobre la actuación de la Guardia Civil, a diferencia de la oposición, que se apresuró a hacer un análisis. La mayoría de portavoces elogió la actitud de Forcadell en contraste con la de Turull. Sin embargo, fuentes de los grupos independentistas matizaron que los agentes sí que necesitaban entrar en la Cámara para acceder al correo corporativo de Gordó, pero no así en el Palau, donde solo pedían documentación escrita. En cualquier caso, consideraron el dispositivo muy aparatoso —dos de los agentes salieron con la cara tapada— para acceder a una dirección electrónica corporativa.

“Hay que llegar hasta el fondo”, señaló el socialista Ferran Pedret en alusión al caso del 3%. El diputado aplaudió la actitud de Forcadell y lamentó que el PDeCAT obstaculizase la investigación. El popular Santi Rodríguez criticó la imagen “poco edificante” y subrayó la diferencia entre las dos instituciones. “La sombra de la corrupción de CDC es alargada y no podrá evitarla”, abundó el ecosocialista Joan Coscubiela, que echa en falta que el expresidente Artur Mas dé “la cara” y asuma responsabilidades. El diputado de ERC Gabriel Rufián expresó la “colaboración total y absoluta” de su partido: que la Guardia Civil “vaya donde quiera e investigue a quien quiera”, dijo.

El TSJC abrió en junio una investigación al diputado de la extinta Convergència, ahora PDeCAT, Germà Gordó por su participación en el caso 3%, la presunta trama de pago de comisiones a Convergència a cambio de la adjudicación de obra pública. El magistrado Enric Anglada considera que hay indicios para examinar si Gordó ha cometido diversos delitos relacionados con la corrupción (tráfico de influencias, soborno, prevaricación o malversación de fondos públicos, entre otros). Uno de los argumentos que esgrimió para su imputación fue precisamente el hecho de que no se entregase una agenda de sus reuniones al juez. “No consta” ninguna agenda que “obre depositada en el archivo”, respondió entonces la Generalitat.

El diputado —hombre fuerte de Convergència y persona de la máxima confianza de Mas— abandonó el PDeCAT y es ahora diputado no adscrito. El lunes está citado a declarar como investigado. “Sin comentarios, cielo sereno”, escribió este jueves en su cuenta de Twitter mientras la Guardia Civil entraba en instituciones catalanas para recabar pruebas contra él.