El juez rechaza acceder al teléfono móvil de Germà Gordó por el ‘caso 3%’

El magistrado Carlos Ramos ha rechazado este viernes las dos medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía contra el diputado Germà Gordó, uno de los principales implicados en el caso 3%, que investiga la presunta financiación ilegal de Convergència. Los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo habían pedido al juez que prohibiera a Gordó salir de España y que ordenara el acceso al contenido de sus teléfonos móviles (el oficial, proporcionado por el Parlament, y el particular).

En un auto, sin embargo, el instructor ha rechazado las dos peticiones. La petición de prohibir a Gordó salir del territorio nacional se basa en "la eventual posesión de fondos en el extranjero". No hay, sin embargo, "indicio alguno" de que Gordó posea bienes fuera de España, por lo que acordar la medida no tendría amparo legal.

La fiscalía pidió acceso a los dos teléfonos móviles que confesó tener Gordó: el que le proporciona el Parlament en su condición de diputado no adscrito, y el que utiliza para "el desempeño de su profesión de abgado", señala el auto. Anticorrupción pretende 2conocer los datos que pudiera tener anotados en su agenda Outlook" del Parlament y los que pudieran constar en su agenda en el periodo entre 2010 y 2016, cuando se producne los hechos investigados.

Tras su declaración como investigado durante más de cuatro horas, Gordó accedió a entregar voluntariamente el teléfono del Parlament. Un especialista informático de la policía judicial realizó ya una "breve inspección". Y constató que no existen más datos en la cuenta Outlook de los que ya fueron examinados cuando el juez envió al Parlament y a la sede de la Generalitat a la Guardia Civil en busca de las agendas de Gordó. En cuanto al teléfono particular, la defensa había alegado que lo había comprado recientemente y que no contiene datos de ese periodo de tiempo. El juez le da la razón y señala que "no existe indicio alguno" de que ese móvil "pueda tener datos de interés para la investigación".

Gordó declaró el jueves ante el juez como investigado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación, financiación ilegal de partidos y malversación. La Fiscalía Anticorrupción y el juez sospechan que Gordó -durante años, hombre fuerte de Convergència y persona de la máxima confianza del expresidente catalán Artur Mas- era la pieza clave en el sistema de financiación ilegal de Convergència. Según las anotaciones de algunos empresarios implicados en la trama y la confesión de dos testigos protegidos, Gordó exigía el pago de comisiones a constructoras a cambio de facilitarles la adjudicación de obra pública.