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Condenado el empresario que confesó el pago de ‘mordidas’ en la Generalitat

Dos años de cárcel para Antonio Salguero, que en 2005 admitió haber pagado comisiones "del 20%"

El constructor José Antonio Salguero (3d), junto al resto de acusados en el primer día de juicio.
El constructor José Antonio Salguero (3d), junto al resto de acusados en el primer día de juicio. EFE

Antonio Salguero se convirtió en el primer empresario que confesó el pago de mordidas en la Generalitat. Su colaboración con la justicia, sin embargo, no le ha servido para eludir su responsabilidad en el caso Adigsa. A diferencia de los otros seis acusados, Salguero no quiso pactar con la fiscalía una rebaja de pena. Ahora, la Audiencia de Barcelona le ha condenado a casi dos años de cárcel por pagar comisiones ilegales a cambio de que la empresa pública Adigsa le adjudicara trabajos de reforma en viviendas.

El caso Adigsa fue el primer intento (fallido) de probar que Convergència Democràtica se ha financiado de forma irregular adjudicando obras públicas a cambio de adjudicaciones. El caso Palau —pendiente de sentencia— o el caso 3% —en fase de investigación, pero que reúne ya sólidos indicios— ahondaron después en esa tesis.

La investigación comenzó en 2005. El entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se dirigió al jefe de la oposición, Artur Mas: “Ustedes tienen un problema y se llama 3%”, dijo en alusión a las mordidas. La Fiscalía abrió diligencias de inmediato. Y un empresario se avino a declarar. Salguero precisó que había pagado una comisión “del 20%” a un intermediario para que su empresa fuera beneficiaria en las adjudicaciones.

Fuera del acuerdo

Tras una investigación larga y tortuosa (han pasado doce años), la causa ha probado que cargos de Adigsa beneficiaron a ciertas empresas a cambio de los pagos. El “intermediario” citado por Salguero es Josep Maria Penin, una suerte de “asesor externo” de Adigsa. Penin es uno de los seis acusados que, hace dos meses y cuando la vista oral estaba a punto de comenzar, aceptaron los hechos delictivos a cambio de una sustancial rebaja de la pena. Las condenas impuestas van de los dos a los cuatro años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental. La fiscalía solicitaba inicialmente condenas de hasta diez años.

Salguero, que con su confesión hizo posible la existencia del caso Adigsa, se negó a sumarse al trato. En una sentencia dada a conocer ayer, la Audiencia de Barcelona le considera cooperador necesario de esos delitos. Además de la pena de prisión —dos años menos dos días de cárcel—, le impone casi tres años de inhabilitación y el pago de una multa.