Excargos de Jordi Pujol admiten que malversaron dinero público de Adigsa

Maragall abrió la caja de los truenos en 2005. En una intervención en el Parlament, se dirigió al jefe de la oposición, Artur Mas, durante la negociación por el Estatut: “Ustedes tienen un problema y se llama 3%”. Era la primera vez que, de forma pública, un responsable político aludía al presunto pago de comisiones a Convergència a cambio de la adjudicación de obra pública.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación al día siguiente. Un empresario, Antonio Salguero, declaró que había pagado una comisión “del 20%” a un intermediario de Adigsa para que su empresa recibiera adjudicaciones en la rehabilitación de viviendas. El supuesto “asesor externo” era Josep Maria Penin, uno de los siete acusados y pariente lejano del entonces consejero de Política Territorial, Felip Puig. El consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, “impuso la extraña intervención” de Penin en Adigsa para que adjudicara los contratos en beneficio de los empresarios afines. Lo hizo con la ayuda de otros dos responsables de la empresa pública: Jordi Huguet y Xavier Sala.

La Fiscalía solicitaba penas de entre uno y diez años de cárcel para los siete acusados por malversación, prevaricación y falsedad. Y el pago de 120.000 euros por los sobrecostes que supusieron los contratos. Los acusados reconocerán los hechos a cambio de una rebaja de penas, que serán como máximo de un año y nueve meses por cada delito. La última reforma del Código Penal contempla que pueda suspenderse el ingreso en prisión por cada delito inferior a los dos años de forma individual. De esa forma, los acusados del caso Adigsa podrían evitar el ingreso en prisión.

Mas dio un cargo a la magistrada que exculpó del caso Adigsa a un exdiputado de CiU

El pacto acabará de concretarse el próximo 16 de mayo. La Audiencia de Barcelona aplazó a esa fecha la vista, que debía empezar hoy, por un error formal: no se ha citado correctamente a una empresa que figura como responsable civil subsidiaria. La sentencia de conformidad no afectará a Salguero, para quien la Fiscalía solicitaba un año y medio de cárcel. Salguero, que denunció el caso, pretende ser absuelto.

El caso Adigsa no llegó a probar la financiación irregular de Convergència, pero fue el primero que trató de indagar el 3%, símbolo de la corrupción en Cataluña. Y abrió el camino para que otras investigaciones posteriores aportara indicios sólidos del pago de comisiones ilegales por adjudicación de obras: el caso Palau —que arrancó en 2009 y se está juzgando ahora— y el caso 3%, que se está instruyendo y ha descubierto el pago de donaciones como forma de camuflar mordidas.